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Gobierno, legitimidad y movilización: aspectos de la vida electoral en tiempos insurgentes

Michael T. Ducey*

Universidad Veracruzana, Veracruz, México.



Resumen

Partiendo de las valiosas observaciones de Virginia Guedea sobre las elecciones insurgentes convocadas por José María Morelos en 1813, esta investigación, basada en información proveniente del Archivo General de la Nación y de colecciones impresas de fuentes primarias, indaga sobre la función de los comicios en las regiones rurales del país controladas por las fuerzas rebeldes. En vez de discutir los temas de política nacional asociados con la formación del Congreso de Chilpancingo, el artículo centra su atención en la experiencia electoral en los pueblos del territorio insurgente. Las elecciones permitieron a los mandos medios y bajos de la rebelión fortalecer su posición ante la sociedad local haciendo evidente a las poblaciones su autoridad y valiéndose de los eventos para establecer su legitimidad como gobernantes. También sirvieron como actos públicos de adhesión al movimiento y como una oportunidad para movilizar a los habitantes a su favor. Además de la cuestión de movilización social, el estudio explora el lenguaje de los actores y los aspectos ritualistas de los comicios para examinar la mentalidad de los insurgentes. Por este medio, podemos entender mejor cómo éstos concebían el papel de los elementos corporativos en el proyecto de construir un gobierno nacional de forma republicana y representativa desde las bases comunitarias del país. El artículo concluye que de una manera orgánica los revolucionarios aprovecharon las tradiciones coloniales enraizadas en las repúblicas de indios para crear una visión novedosa de la relación entre la sociedad y el gobierno.

Recibido: 05-04-2018; Aceptado: 03-09-2018

Historia mexicana,

Palabras clave: elecciones, ceremonias electorales, Apatzingán, repúblicas de indios, gobierno insurgente.
Keywords: Elections, Electoral Ceremonies, Apatzingán, Indian Republics, Insurgent Government.

Empiezo esta reflexión sobre la función de las elecciones en los territorios insurgentes durante 1813 con un llamativo documento del doctor Francisco García Catarinas, párroco del pueblo de Zacatlán y fechado el 16 de agosto de aquel año. García había recibido una exhortación del encargado de Justicia, Gaspar Cortés, la cual transcribía la orden del general José María Morelos convocando a elecciones para seleccionar a un elector, quien a su vez participaría en el nombramiento de un representante o “vocal” de provincia. García, quien tuvo una relación frecuentemente contenciosa con el liderazgo de la insurrección, respondió con una carta impactante en que discrepa con el proyecto electoral:

Es estraño que en las actuales circunstancias en que una peste desoladora a prostrado en la cama como quatro mil enfermos y en el sepulcro mas de la mitad de este numero que no se ven por todas partes sino los espectaculos terribles de la muerte, que todos los vecinos estan temblando consternados con los golpes de esta calamidad, que todos han abandonado sus jiros, sus siembras y comercios […] en una palabra es todo el asunto que arrebata nuestras miras ocupaciones y movimientos de ver como salimos de este grande ataque en que el Dios de las Venganzas se está haciendo pago de nuestros desordenes, libertinaje y escandalos, es estraño repito que se piense con tanto empeño en juntas de curas, republicas y vecinos, Elecciones, diputados, Electores y otros asuntos de esta clase que piden por su naturaleza, y para su mejor acierto otro tiempo en que podamos respirar de la opresión de la muerte para podernos aventurar a la confusión, ribalidad y partidos que acarrea una votacion como esta que seguramente ha de comprometer a este Pueblo infeliz a mayores desgracias de las que pueden librarles sus autores, consideraciones de tanto peso, que por ellas y solo por ellas se ha omitido en este Pueblo la eleccion de Elector para la de Diputado de Provincia, mandada y cometida a mi por la Intendencia de Puebla. [He conservado la ortografía original en todos lo textos citados en este artículo].

Esta franca respuesta a la convocatoria electoral presenta dos críticas serias: primero hace notar las circunstancias espeluznantes que vivía la región por los azotes de la violencia y la epidemia de tifo y, segundo, señala que la última cosa que necesitaban en aquel momento era la competencia entre facciones que conllevaban las votaciones. Sin duda, como párroco de un pueblo enclavado en una zona netamente indígena, García estaba familiarizado con estas pugnas dentro de las comunidades por el control de las repúblicas de indios. El autor nos presenta dos preguntas fundamentales que, me atrevo a decir, todavía están vigentes hoy en día: ¿por qué, dados los retos que enfrentaban los administradores insurgentes, como la carestía, las epidemias y, sobre todo, la guerra, gastar sus energías y cortos recursos en organizar estos ejercicios en la política? Y tomando en cuenta los posibles costos políticos de emprender contiendas electorales, ¿para qué sirven las elecciones?

Cuando encontré algunos documentos referentes a las elecciones para el Congreso de Chilpancingo de la región de Pa pan tla, Veracruz, lo que me llamó la atención fue el hecho de que los funcionarios insurgentes de aquel lugar pasaban por una verdadera crisis militar en ese momento y que, a pesar de ello, insistieron en organizar los comicios. Consumieron tiempo y energía en convocar a las comunidades indígenas y a los vecinos de la comarca para participar en el novedoso acto de nombrar electores para la provincia de Veracruz. Así que leer la historia de las elecciones en su contexto nos revela que la primera crítica del cura García no era del todo desatinada. Dada esa realidad de urgencia, se vuelve aún más esencial la segunda pregunta: ¿qué esperaban los insurgentes de sus procesos electorales? El saberlo es aún más apremiante si uno considera que el proceso electoral fue incompleto y no consiguió su objetivo de elegir representantes para todas las provincias insurgentes. Aunque se llevaron a cabo las elecciones primarias y evidentemente hubo una participación entusiasta, como comenta la historiadora Virginia Guedea, sólo dos de los ocho diputados al Congreso fueron seleccionados por el proceso electoral. ¿Podemos calificar las elecciones como un fracaso costoso?

Hoy en día la práctica electoral como parte de la política de movimientos disidentes y mecanismo fundamental en la formación de un gobierno alterno es algo normal. Sin embargo, en 1813 la vida electoral, más allá de las corporaciones locales como repúblicas y ayuntamientos, era innovadora y potencialmente inquietante para el orden social. Lo interesante es que todos los actores políticos, tanto insurgentes como lealistas, adoptaron con brío la nueva práctica de convocar a elecciones para establecer nuevos gobiernos: la Junta Central organizó elecciones en toda América en 1809, el gobierno leal a España del virreinato lanzó su convocatoria electoral con fundamento en la Constitución de 1812 y se puede interpretar la iniciativa insurgente de 1813 como una respuesta a dicha innovación. Las elecciones eran muy antiguas en el mundo hispano; además de los órganos de gobierno local, como los cabildos indígenas y los ayuntamientos, la vida cotidiana estaba regida por instituciones que incorporaban el voto para determinar quién se encargaría de las cofradías, gremios, conventos, etc. La transformación consistía en proyectar estos actos electorales locales hacia una nueva esfera de poder. De repente los procesos electorales a escala nacional, y hasta continental, se volvieron parte de las experiencias políticas en Hispanoamérica.

Para los altos mandos de la insurgencia, había muchas razones para convocar a elecciones y existen varios trabajos que describen con bastante claridad la política detrás de la iniciativa. Un ejemplo de ello es la investigación exhaustiva de la historiadora Virginia Guedea que nos ayuda a entender los objetivos y motivos del liderazgo insurgente ante las convocatorias. Sin embargo, quisiera acercarme a su estudio desde el punto de vista de los mandos medios y bajos y dejar de lado los motivos de José María Morelos y su esfuerzo por superar las disputas entre los vocales de la Suprema Junta Nacional, así como su intento de enfrentar el proyecto de Cádiz, y los imperativos constitucionales en la construcción de un gobierno. Con ello espero averiguar cómo experimentaron los participantes el proyecto de la insurgencia y qué aspiraban lograr los dirigentes de los pueblos insurgentes, quienes al final del día eran los que implementaban dichos comicios. A menudo se ha trazado una línea divisoria entre el liderazgo insurgente y la masa popular de rebeldes, reflejada en la discusión entre Morelos e Ignacio López Rayón sobre la idoneidad de abandonar la lealtad a Fernando VII como pretexto público de la insurrección. En su sobresaliente contribución a la historiografía de la insurgencia, Eric van Young precisamente hace la distinción entre las aspiraciones políticas de la cúpula insurgente y las reivindicaciones socioeconómicas y culturales de los sectores populares que levantaron el estandarte de la virgen de Guadalupe en 1810. Las elecciones son un fenómeno interesante para explorar esta cuestión, sobre todo porque servían como punto de contacto entre los que ostentaban el mando de la “nación americana” y sus seguidores populares. Además, demuestran cómo los líderes que las convocaban hablaban con un discurso anclado en las prácticas del gobierno colonial y en el idioma político de los cabildos de indios. Los comicios insurgentes nos ofrecen la oportunidad de entender mejor la insurgencia y su relación con las sociedades rurales que dominaban. Tomando en cuenta los resultados que señalamos con anterioridad, en términos de los objetivos formales de crear un sistema moderno de representación política, éstos fueron limitados. ¿Para qué sirvieron los procesos electorales en los territorios insurgentes? Voy a trazar aquí una visión del modo en que los mandos pueblerinos percibieron este ambicioso proyecto de formación estatal en medio de la guerra, la peste y el desorden generalizado.

Antes de proceder, sería conveniente describir brevemente el sistema electoral que los insurgentes adoptaron en el verano de 1813 para formar el Congreso Americano que sesionó en Chilpancingo. Gracias al extenso trabajo de Virginia Guedea contamos con excelentes descripciones de los pormenores de dichas elecciones, lo cual nos permite ofrecer un resumen para dar el contexto e información a la discusión que le sigue. Las elecciones fueron convocadas por el generalísimo de las fuerzas insurgentes, José María Morelos, el 28 de junio de 1813 por medio de órdenes que giró a las distintas provincias en manos de los rebeldes en aquel momento. La convocatoria declaraba que los vocales (diputados) del Congreso “devan ser Electos por los Pueblos de la misma Provincia que representan” y para tal fin propuso un proceso electoral indirecto de dos etapas. En la primera, los pueblos y vecinos de cada subdelegación nombraban un elector (en algunos documentos le dan el título de diputado), quien a su vez ocurría a una junta de la provincia (titulada “Junta General de Representantes”) para nombrar al vocal que la representaría en el Congreso Nacional. Morelos instruyó a la Junta General que escogiera a un “Sugeto Americano, de providad y de conocidas luces, recomendable por su asendrado Patriotismo, y si posible es, nativo de la misma Provincia como va a ser Miembro del Congreso, Defensor y Padre de todos y cada uno de los Pueblos de su provincia…”. De allí los subdelegados convocaban a los pueblos por medio de sus representantes: los gobernadores, Repúblicas y escribanos a asistir a las juntas en la cabecera de cada subdelegación, donde con la participación de los vecinos, clérigos y militares de la jurisdicción votaban por tres individuos, “y para que se eviten resentimientos, pueden V.V. elegir tres sugetos de los que concideren mas aptos y a propósito, para que en votación secreta por pluralidad de votos salga electo el que mejor les paresca”. El individuo seleccionado, tenía que viajar a la capital insurgente de la provincia para participar en la segunda etapa correspondiente al nombramiento del vocal provincial. El general Morelos fijó la fecha del 4 de agosto de 1813 para la primera ronda y el 13 de septiembre para la elección final del vocal de la provincia. En las intendencias de México, Puebla y Veracruz, donde los insurgentes no ejercían pleno dominio del territorio, Morelos modificó su convocatoria eliminando las juntas en las subdelegaciones y especificando que se votara por parroquia. Cada parroquia de los pueblos insurgentes se debía reunir para seleccionar a un diputado elector. Hay que notar que votar de este modo representaba una innovación electoral puesto que históricamente cada pueblo votaba por su república y las parroquias no siempre correspondían al territorio de un solo pueblo. Los diputados se juntarían en el lugar y fecha que conviniera al comandante de la intendencia para elegir al vocal para el Congreso. Se contaba con poco tiempo para un proceso tan complejo y, aunado a ello, las instrucciones para llevarlo a cabo eran muy breves, dejando así muchas cuestiones entredichas que, dadas las dificultades de las comunicaciones en un país en guerra, no era factiblehacer consultas ni pedir clarificaciones. Tales condiciones se prestaban para que los actores locales, sobre todo los subdelegados insurgentes, ejercieran su propio criterio al realizar la elección. Asimismo, es evidente que las tradiciones políticas de las corporaciones, sobre todo las repúblicas de indios, fueron los referentes para los participantes en los procesos insurgentes.

La historiografía ya ha tratado ampliamente la función política en la formación de un proyecto de gobierno alterno en México, pero quisiera empezar la discusión comentando de qué forma las elecciones para un Congreso Nacional coadyuvaron al fortalecimiento de las instancias de gobierno insurgente más humildes: los comandantes de las plazas, los subdelegados insurgentes y las autoridades de los pueblos. Administrar los comicios le dio presencia a la autoridad rebelde en los pueblos más remotos de la insurrección y los ligó, vía aquel sistema indirecto de votación, a los niveles superiores del gobierno, empezando con los pueblos, pasando por las subdelegaciones, para llegar a la elección de un representante de toda la intendencia. Así que el primer punto a resaltar es que las elecciones hicieron palpable para los residentes rurales del país el funcionamiento de un gobierno superior afiliado a la insurgencia. Más allá de formar un Congreso Nacional, éstas ayudaron a fomentar las instituciones del gobierno local y fortalecer sus nexos con los actores más prominentes del movimiento insurgente.

Dejando de lado su impacto sobre la institucionalización insurgente, los comicios tuvieron resonancia en la política de distintas maneras. Para una mayor comprensión de su papel en formar el Congreso insurgente, debemos alejarnos de nuestra visión moderna de los procesos electorales. Las discusiones sobre este tema en las primeras décadas del siglo xix se centran frecuentemente en la cuestión de la participación popular, en el conteo de votos y el análisis de la confiabilidad de los resultados (o sea, hasta qué punto se apegaban a la legislación en la materia). Mientras estas perspectivas son valiosas y han aportado conclusiones importantes acerca de la naturaleza de los cambios políticos de la época, a veces manifiestan las preocupaciones de los observadores actuales más que las de los participantes de aquellos tiempos. Para el caso que nos concierne debemos destacar que existían pocos dispositivos legales para guiar los comicios, los cuales se reducían principalmente a la convocatoria emitida por el generalísimo José María Morelos y las ambiguas tradiciones electorales de los pueblos. Igualmente su formato, como procesos antiguos donde las corporaciones históricas fungían como los actores centrales, el contar cabezas tiene poco sentido.

Resulta de mucho valor considerar los procesos electorales regidos por actitudes premodernas para apreciar la función de estos hechos en 1813. Las elecciones anteriores al siglo xix tuvieron formas y funciones muy distintas a las posteriores a la independencia. En el antiguo régimen, el sufragio era restringido en los pueblos de indios, pero también era particular, en el sentido de que cada lugar o institución se regía por sus prácticas históricas locales, así que en algunos pueblos sólo votaban los “indios principales y gobernadores pasados” mientras en otros votaba la mayoría de los hombres adultos. No había reglas universales ni derechos individuales que se expresaran en las elecciones. Existía, muchas veces, el requisito de servir en los eslabones más bajos y rigurosos del cabildo o de una cofradía antes de poder participar con voz y voto en la organización. Las tradiciones de vecindad y de ser hombre de bien, es decir, estar casado y tener un comportamiento respetuoso de las normas de la comunidad, aparecen como elementos rectores en determinar quiénes tenían derecho a participar en los procesos. Los comicios eran expresiones de un orden corporativo, donde el resultado de una elección representa la voz de una corporación y no la de un territorio con sus ciudadanos-habitantes. Pero más allá de las reglas de participación, podemos observar en las elecciones un estilo formalista de hacer política y un concepto de representación muy distinto a como lo concebimos en la actualidad.

La observación de Frank O’Gorman acerca de la naturaleza de las elecciones parlamentarias de Inglaterra contemporáneas a las que aquí estudiamos es muy útil para entender el fenómeno electoral del Congreso de Chilpancingo. O’Gorman nota que los comicios británicos eran “intencionalmente ritualísticos” y estaban cargados de significados sociales centrales al orden político de aquel país. Las elecciones parlamentarias británicas también se caracterizaban por un sufragio muy reducido que variaba de distrito a distrito. O’Gorman observa que dichos comicios seguían pasos bien definidos que incorporaban a toda la población, hasta la más humilde, a pesar de que no gozara del derecho de voto. Estos actos consistían en comidas públicas, arengas políticas y desfiles donde el público expresaba su complacencia. El autor afirma que estos elementos ritualísticos eran esenciales para conferir legitimidad a los electos. Este historiador pone en duda la idea predominante en la bibliografía de que estas prácticas fueran actos donde la clase terrateniente imponía su dominación y que las celebraciones del voto significaran simples ejercicios de “control social”. Su concepto de una cultura electoral que permitiera, de alguna manera, un diálogo entre los electores y el pueblo en general es muy a propósito. En los procesos electorales de principios del siglo xix los actores compartían puntos en común, sobre todo en términos de colaborar en “la fiesta electoral”, aun cuando los observadores participantes tuvieran diversas interpretaciones acerca de su significado.

Nuestra tarea es entender el lenguaje de los actos electorales insurgentes para averiguar los mensajes que trataban de transmitir a la población y de allí desprender la naturaleza de la participación popular en la construcción de sus instituciones. Pensar en las elecciones en los múltiples ámbitos locales nos proporciona una visión sobre el sentido de un proceso cuyo objetivo no era sólo la construcción de un nuevo Estado-nación, sino también fortalecer los nexos entre el movimiento y sus seguidores rurales, e igualmente nos facilita estudiar a los actores pueblerinos, indios, rancheros, “vecinos principales”, y los mandos medios del movimiento rebelde haciendo política como ellos la entendían. Lo que propongo es que los procesos electorales echaron mano de diversas tradiciones culturales y políticas para fortalecer la legitimidad de los mandos locales insurgentes y promover una nueva concepción del gobierno. Frecuentemente se ha cuestionado hasta qué punto podemos suponer que las acciones y palabras de los líderes expresaban las mentalidades populares de la gente común. Lo que se observa en las elecciones insurgentes es el esfuerzo de un movimiento disidente armado de cooptar “el discurso público” para reclamar su derecho a mandar y, al mismo tiempo, confirmar su intención de mantener los derechos y privilegios de los pueblos de indios y los demás actores locales de la sociedad pueblerina. No vemos simplemente la expresión de los deseos populares, sino más bien reflejan que las intenciones de los insurgentes pasaban por el filtro de tradiciones locales que representaban un lenguaje político enraizado en las tradiciones de los órganos de gobierno local del virreinato. Es una apropiación del “teatro de poder” hecha por los disidentes, quienes al tomar el “papel” del gobierno legítimo prometen a los seguidores del movimiento que cumplirán los deberes que todo gobierno tiene con su pueblo. Más en específico, los insurgentes utilizaron los ritos electorales del antiguo régimen para demostrar su compromiso con las instituciones más próximas a la gente común, los pueblos de indios. Aprovecharon estos ritos para establecer sus propios reclamos como autoridad.

Concretamente, los comicios también conllevaban tareas políticas de movilizar actores, legitimar funcionarios y crear espacios para hacer proselitismo. Vale la pena considerar el contexto cultural de los mismos para medir el alcance de su impacto. Los actos electorales y sus ceremonias asimismo nos dan luz sobre las mentalidades populares dentro de los territorios controlados por los rebeldes y que serían difíciles de captar de otra manera. Los procesos insurgentes promovían nuevas identidades, al aprovechar las antiguas instituciones corporativas en la creación de una nueva soberanía. Contamos con relativamente pocas fuentes sobre el tema que consisten principalmente de las convocatorias, alguna correspondencia y las actas electorales; aun así, éstas nos arrojan suficientes detalles del contexto social y el contenido cultural de los comicios para hacer una lectura crítica de las acciones que emprendieron los funcionarios rebeldes mientras el proceso se llevaba a cabo en los pueblos que controlaban.

Las elecciones y el reto de la descentralización del poder

Las elecciones son ejercicios de poder. Desde luego, el objetivo declarado del voto era construir un gobierno representativo y hacer realidad un gobierno insurgente. Pero mientras lograban la formación de un Congreso, el proceso en sí cumplió la función de fortalecer la autoridad insurgente en los pueblos de la nueva nación. Una de las características de la época independentista fue la profunda difusión del poder que acompañó a la crisis de la monarquía y al estallido de la insurrección armada de 1810. Incluso la manera en que llegó dicha insurrección se tradujo en una desarticulación de los lazos de legitimidad que ejercían los funcionarios de la corona. Durante 1810 y 1811 los pueblos se levantaron a invitación de actores locales que se presentaron como la autoridad legal con base en las cartas que ostentaban de Miguel Hidalgo o Ignacio Allende, dando así efectivamente la oportunidad a los pueblos de indios, rancheros, milicianos, etc., de escoger entre dos gobiernos: uno rebelde y el otro virreinal. A partir de esos años la reconstitución de autoridad en los pueblos de Nueva España convino en el mayor reto para ambos bandos de la contienda.

Los hechos pusieron en duda la legitimidad de las jerarquías históricas y socavaron la subordinación del campo al centro. Trajeron consigo una igualdad de poder o autoridad que jamás había existido en los hinterlands de México; retar la autenticidad de las órdenes que provenían del “superior gobierno” fue algo frecuente y problemático, tanto para los realistas como para los insurgentes. Un buen ejemplo de los conflictos que enfrentaron los comandantes americanos puede observarse en el año 1813 en un intercambio de cartas entre el comandante nominal de la costa de Barlovento, el coronel Antonio Lozano, y uno de sus supuestos subordinados, el capitán Miguel Méndez de Misantla, acerca de la autoridad de otro funcionario insurgente, el comisionado Francisco Antonio Peredo. Cuando Lozano dictó que Méndez debía hacer caso omiso de Peredo, éste respondió:

Mucho extraño de que V.S. me prevenga reconosca solo en lo particular dando los auxilios a una corta Guardia pa. Custodiar de su Persona. Pero como estoy bien cercionado (desde Zacatlán) y ahora visto sus credenciales que se estienden a mas autoridad qe. la que VS me comunica; no puedo (pr. Ningún caso) faltar a su respeto, ni menos violar sus órdenes […]

Líderes como Méndez ejercían su autoridad por el apoyo que les daban sus pueblos; ésta era autónoma de los eslabones superiores y podían desafiarlos sin muchas consecuencias. Asimismo, el desorden dentro del movimiento insurgente producía líos tales como en este caso donde Peredo tenía “credenciales” expedidas por las autoridades de Chilpancingo, mientras Lozano solamente portaba una comisión del general Osorno de Zacatlán. Al enfrentar las pretensiones de hombres que ostentaban cartas de distintas autoridades superiores, los actores político-militares tenían la libertad de escoger a las autoridades que desearan obedecer. Existen muchos otros ejemplos, siendo el más notorio los desórdenes que siguieron al nombramiento de Juan Nepomuceno Rosains como comandante de Puebla y Veracruz, lo que provocó una destructiva división entre las filas de la insurgencia del golfo.

Sugiero que el empeño electoral fue uno, entre varios, de los mecanismos a los que el liderazgo insurgente recurrió para recrear una jerarquía propia por medio de la participación política. Los comicios eran actos con el objetivo de construir un gobierno desde abajo, y no simplemente de nombrar vocales a un Congreso Constituyente. La administración insurgente, salvo excepciones extraordinarias que comentaré en breve, mantuvo las jurisdicciones del antiguo régimen: su sistema fue organizado alrededor de las intendencias, llamadas provincias en las convocatorias, que a su vez estaban divididas en sus tradicionales subdelegaciones que igualmente se componían de los pueblos con sus territorios históricos. A diferencia del proyecto de Cádiz, no hubo ningún intento de provocar una “revolución territorial”, para usar la frase de Antonio Annino, con la instalación de ayuntamientos con nuevas jurisdicciones. El caso sobresaliente de un cambio jurisdiccional por los insurgentes fue la creación de la provincia de Tecpan como una intendencia que unía a los pueblos de la Tierra Caliente de Michoacán y Guerrero, pero aun así no se dio una reestructuración dentro de las comunidades y las subdelegaciones del nuevo territorio. Llama la atención que en sus disposiciones sobre las elecciones en Tecpan, Morelos especifica las fronteras de dicha provincia para recalcar su participación como una entidad autónoma, aprovechando así este proceso para definir los límites jurisdiccionales y la existencia política de su nueva provincia, es decir, sirvió como una forma de organizar territorio. Por medio del proceso electoral, el Generalísimo buscaba dotar de autoridad a las entidades territoriales de los insurgentes con la movilización de todos los niveles de gobierno para elegir un vocal de intendencia. También permitía que los residentes de los distintos pueblos y subdelegaciones tuvieran presente que ya eran parte de una nueva entidad política llamada Tecpan, y el proceso de enviar electores a la nueva capital de provincia aseguraba que los hombres prominentes de cada jurisdicción participaran en una clase de peregrinaje político hacia el nuevo centro de administración provincial de los rebeldes. Es decir, las elecciones fueron una oportunidad para que las autoridades rebeldes evidenciaran la conexión entre los distintos territorios y reconocieran una relación política más allá de sus pueblos.

De inicio, la autoridad para convocar a las juntas electorales recayó en la persona del comandante provincial de la intendencia, y de allí en los subdelegados y comandantes militares locales. Aunque la convocatoria general se originó con el general Morelos en su función de vocal de la Suprema Junta Nacional, éste delegó el trabajo de organizar los comicios en las autoridades insurgentes locales. En el caso de Veracruz, quedó en manos del general Nicolás Bravo, quien a su vez designó a los subdelegados de los partidos como los encargados del proceso. Con ello perseguían unir en un esfuerzo común a las comunidades dispersas en control de los insurgentes pidiendo que los vocales representaran a “los Pueblos que están por nosotros pertenecientes á la Yntendencia de Veracruz”. Fueron un medio para construir nuevas identidades en torno a las provincias. En otras palabras, tuvieron la función de ser actos de adhesión: participar en los comicios indicaba el apoyo de la comunidad para la causa insurgente. Se hace patente en el lenguaje de las actas electorales que los describen como expresiones de solidaridad con la insurgencia. Al comentar sobre la elección hecha por su pueblo, el teniente de justicia de San Andrés Chalchicomula, en la intendencia de Puebla, dijo: “A mi parecer y al de todos los principales sujetos ha acreditado el vecindario con este echo su adecion a nuestra buena causa y el interés por su felicidad, pues el sugeto escogido es acreedor a la concideracion de todos los hombres de bien…”. Tenemos que recordar que participar en una junta electoral era declararse públicamente a favor del proyecto de Chilpancingo, lo cual, en el contexto de guerra, podría traer consecuencias funestas si los realistas volvieran a conquistar a los pueblos.

Curas, repúblicas de indios y vecinos principales: las corporaciones en las elecciones

Mientras que los comicios fomentaron lealtades políticas a los territorios y a los funcionarios insurgentes, muchas de las formas y el contenido de los mismos estaban todavía enraizados en prácticas políticas del antiguo régimen. Igual que en los procesos de Cádiz, los insurgentes organizaron el voto por parroquias y ordenaron a los subdelegados y comandantes militares incorporar a los párrocos como figuras clave para movilizar a la población local. Era sumamente natural para los actores de aquel tiempo pensar en términos de parroquias, las cuales constituían las jurisdicciones íntimas donde los habitantes interactuaban, si no todos los domingos, por lo menos en los días más sagrados de la práctica religiosa local. En el ámbito rural, el cura, vicario o cura interino tenía la obligación de conocer a sus feligreses, y a lo largo de la época colonial la corona se había apoyado en los sacerdotes como los interlocutores entre la autoridad real y la población. Los insurgentes hicieron lo mismo. En las actas electorales los subdelegados enfatizaban que presidían las juntas con el cura a su lado. En su bando de 28 de junio de 1813, Morelos especificaba que “en cada subdelegación, el subdelegado de acuerdo con el Párroco, convoquen a los demás…”. El subdelegado de Huetamo, Buenaventura Vásquez, remitió copias de la convocatoria a sus tenientes subordinados, los gobernadores indios y a los señores curas para que convocaran a sus pueblos. La documentación sobre quién tenía derecho a votar es bastante escueta, pero en referencia a los sacerdotes, Morelos señalaba que podían hacerlo. La convocatoria solamente declaraba que no se permitía designar a los eclesiásticos ausentes como diputados electores: “En esta botacion deven entrar las Personas Ecleciasticas, y Seculares, Teologos o Juristas avnque no esten graduados; pero no deverá elegirse a los aucentes”. Como han señalado varios historiadores, los clérigos mostraron una actitud ambigua hacia la insurgencia con una mayoría manteniendo una posición neutral, esperando sin duda el resultado final de la contienda. Podemos afirmar que colocar a los religiosos en posiciones tan importantes refleja las actitudes de José María Morelos y el punto de vista ideológico de los rebeldes, quienes se ostentaban como defensores de la fe católica, pero invitar a los eclesiásticos a participar en la generación del nuevo orden político era también una manera de cortejarlos y aferrar su lealtad a la causa. En otros trabajos he señalado el esfuerzo que los líderes locales realizaban a fin de afianzar los servicios y fidelidad de los curas pueblerinos. No es de sorprender que aparezcan entre los elegidos por sus pueblos, por ejemplo en los casos de Ixhuatlán, Ixcateopan, Taxiomaroa, Juxtlahuaca, Sultepec, Acapulco y Zacualpan.

El voto corporativo

En gran parte se trató de elecciones corporativas. En su convocatoria, Morelos hizo un llamado a los distintos sectores de la sociedad para concurrir como miembros de sus corporaciones: “Curas, Comandantes de Armas, Repúblicas y Vecinos Principales”. En el caso de Sultepec, de la intendencia de México, la diputación de mineros, junto con su diacono clérigo, participaron como representantes de su gremio. Los pueblos de indios lo hicieron por medio de la voz de sus gobernadores, repúblicas y escribanos, y los soldados por el voto de sus comandantes. Lo que aquí se observa es que los votantes no tenían la función de ciudadanos individuales, más bien eran vocales de sus corporaciones y el voto no reflejaba la voluntad de los habitantes de un territorio sino de los distintos cuerpos que tenían presencia en una jurisdicción. El concepto de la representación es distinto también, las repúblicas y la diputación de mineros votaban como corporaciones, no como representantes de un número determinado de individuos. En otras palabras, la elección servía para dar voz a los distintos componentes de la sociedad, produciendo un sistema de representación basado en la tradición del antiguo régimen.

En la convocatoria existe solamente una categoría novedosa de votantes individuales, los “vecinos principales”. Los llamaban en calidad de “vecinos” con todo lo que implicaba el término en la jurisprudencia hispana, hombres reconocidos como residentes de una localidad con cierto estatus de propietarios u hombres de bien. Lo sobresaliente de estos votantes es que en ningún momento de la convocatoria se definía quiénes eran los vecinos principales y por lo tanto se dejaba en manos de los subdelegados y los párrocos seleccionar a los participantes cualificados. Los datos de la subdelegación de Huetamo nos indican que el subdelegado extendía la invitación a votar en consultación con el cura párroco de la demarcación. En este caso, el mejor documentado que tenemos, el subdelegado Basquez convocó individualmente a un total de 106 vecinos de cuatro pueblos. Y éstos respondieron confirmando su asistencia o, en su caso, disculpándose con pretextos de enfermedad o ausencia por no concurrir al voto. Deducimos que no a todos los hombres adultos les fue concedido el sufragio puesto que hay casos en que los hijos o sobrinos firman de recibido por sus padres o tíos; después estos individuos no aparecen en la lista de firmantes al final del acto electoral, indicación de que para ser convocado había que contar con cierto reconocimiento por edad y posición. Los jóvenes eran representados por sus padres y tíos, quienes ejercían el voto a nombre, suponemos, de su familia. A la vez llama la atención que ciertos apellidos se repitan, como el caso de los Pineda en Coyuca, que contaban con 11 de los 30 convocados de aquel pueblo. En el acta electoral para el partido de Huetamo observamos que muchos de los vecinos residían en las haciendas y ranchos de la comarca, lo que nos lleva a pensar que el proceso buscaba incorporar a los propietarios y arrendatarios no-indígenas. La mayor innovación del proceso electoral fue dar voz a los individuos que no pertenecían a ninguna corporación política local. En el contexto rural de los pueblos de Tierra Caliente que los americanos controlaban, éstos eran rancheros, ese sector medio de los productores agrícolas que no contaba con “voz y voto” en las instituciones tradicionales del antiguo régimen. El otro grupo convocado a las elecciones era el de los oficiales del ejército rebelde, que en lugares como Misantla, Papantla y el Sotavento eran de extracción afromestiza puesto que las milicias de pardos y morenos fueron la fuente de una buena parte de los oficiales insurgentes de la región. Las elecciones del proceso de Chilpancingo de ese entonces fueron un presagio de lo que sería una de las grandes tendencias políticas del siglo xix: el surgimiento de nuevos actores rurales en el juego político del campo.

Para la mayoría de la población bajo el mando de la insurrec ción, la manera de expresar su voluntad era por medio de su identidad corporativa como integrante de las repúblicas de indios. Las actas de elección especifican que fueron los gobernadores, sus repúblicas junto con sus respectivos escribanos los que asistían a las juntas electorales, y generalmente este último firmaba en representación de todos. En los distritos de Tecpan, las repúblicas asistieron a las juntas que tuvieron lugar en Huetamo, Ixcateopan y Acapulco, es decir, en las cabeceras de las subdelegaciones, y emitieron sus votos como corporaciones. Aquí queda muy claro ese carácter corporativo, la representación se hace por las instituciones históricas de la comunidad indígena y no por el número de individuos de cada localidad. Igualmente, las corporaciones votaron como una unidad; en la Junta de Huetamo los escribanos de las repúblicas firmaron el acta electoral a nombre de sus gobernadores y repúblicas, pero no se enumeraron los votos reunidos en cada una de ellas. En contraste, los vecinos principales, militares y curas firmaron por sí mismos. En el acta asentaban la asistencia de los cabildos de indios así: “el Governador y Republica del pueblo de Cutzeo: El Governador y Republica del pueblo de Purechucho: El Governador y Republica del pueblo de San Lucas”, etc., los únicos que aparecen con nombre y apellido son los escribanos. Simplemente no sabemos cuántos representantes de cada pueblo estaban presentes, ni si su voto fue contado individual o colectivamente.

En las provincias de Veracruz, México y Puebla es interesante notar que la convocatoria fue modificada, simplificando el proceso al eliminar las juntas en las cabeceras de las subdelegaciones. Como ya mencioné, Morelos comisionó al comandante militar de Veracruz, general Nicolás Bravo, para llevar a cabo la selección de un vocal para su provincia y en las instrucciones se especificaba “que cada parroquia debía nombrar un “diputado” elector para participar en la junta electoral que nombraría al vocal veracruzano. La documentación que sobrevive no explica la razón de esta diferencia, sin embargo, refleja la situación militar de la provincia veracruzana donde muchas de las cabeceras de las subdelegaciones estaban en manos del gobierno virreinal. Así que Morelos convocaba a “los Pueblos que están por nosotros pertenecientes á la Yntendencia de VeraCruz” reconociendo que el control insurgente sobre la provincia era mucho menos efectivo que en otras partes del país. Las instrucciones eran más sencillas, designando al juez y el párroco como las autoridades para supervisar el proceso en cada doctrina y manteniendo la participación de los comandantes, las repúblicas de los pueblos y los principales vecinos. La comisión dejó la decisión de fijar la fecha y el lugar para la junta provincial en manos del general Bravo, quien la ordenó para el 15 de agosto en el pueblo donde tenía su cuartel general, Coscomatepec.

Sobrevivieron pocas actas electorales de Veracruz: una de ellas es de Ixhuatlán, que junto con los pueblos de Chocamán y Tomatlán, todos pertenecientes a la misma iglesia, respondieron a la convocatoria enviada por el general Bravo, votando por el cura de la parroquia para viajar a Coscomatepec a elegir al vocal de la provincia. Aquí podemos ver que el territorio de una parroquia podría incorporar a más de una república de indios. La convocatoria innovaba puesto que las elecciones tradicionales se hacían independientemente en cada pueblo por sus repúblicas, mientras aquí observamos varias repúblicas participando en seleccionar a su elector. La constancia electoral, que es el documento que perdura, se distingue por la brevedad y sencillez con que describe a los participantes; son “ciudadanos de esta Cavecera, y Pueblos de Chocamán, y Tomatlán”; es decir, no detalla repúblicas, ni vecinos principales ni comandantes militares.

En el caso de Papantla, la convocatoria llegó el 15 de agosto de 1813 a manos del comandante de la región, el coronel Antonio Lozano, quien se encargó de organizar los comicios. Lozano enfrentó el dilema de que, debido a las distancias y la lentitud con que los mensajes llegaban de Coscomatepec, pues requerían atravesar territorios donde el control rebelde era parcial, la convocatoria llegara el mismo día que Bravo había escogido como la fecha para la junta provincial. Y aunado a ello, el subdelegado estaba fuera de la cabecera. A pesar de estos contratiempos, decidió iniciar el proceso y avisó al brigadier Bravo que tardaría 15 días para poder avisar a las repúblicas de Santo Domingo, Coxquihui y el Espinal, y otros tantos para enviar a los diputados a Coscomatepec. Es un hecho que el subdelegado Juan Pérez hizo el viaje a la sierra de Papantla porque tenemos noticias de que se efectuaron votaciones en El Espinal, y Lozano le envió instrucciones acerca de cuándo y cómo los diputados de los otros pueblos debían llegar a Papantla, previniéndoles de traer sus credenciales como diputados electos y estar dispuestos para pasar a Coscomatepec. De nuevo se observa que el movimiento en el espacio de los funcionarios rebeldes, organizando actos electorales, tenía el objetivo de consolidar las relaciones entre los distintos pueblos comprometidos con la causa disidente.

Estos procesos demuestran de manera notable el trato que los insurgentes ofrecían a los pueblos de México: reconocían la legitimidad y autoridad de las repúblicas de indios a cambio de movilizar su voluntad en la creación de un proyecto de nación. A diferencia de Cádiz, en esta ocasión no instituyeron nuevos ayuntamientos constitucionales de tipo “moderno”. Al contrario, dejaron a los pueblos con sus gobiernos intactos y se enfocaron en recrear un orden donde éstos mantuvieran sus tradiciones de autogobierno, pero subordinados a un nuevo sistema político. Todo ello reflejo del profundo poder que la idea de pueblo y república ejercía entre los grupos populares que seguían a los insurgentes. La república era la forma de gobierno natural, hasta el grado que, durante el segundo lustro de la guerra, cuando las cabeceras tradicionales quedaron ocupadas por fuerzas leales a España, los guerrilleros insurgentes del golfo establecieron repúblicas de indios rebeldes en sus cantones militares. En un mundo donde el gobierno superior había perdido su legitimidad, en el campo se le devolvía la soberanía al cabildo indígena. El proceso de las elecciones preservó las estructuras de poder dentro de dichas repúblicas, y con ello las oligarquías indígenas que dominaban a las comunidades. El compromiso hacia el liderazgo de los indígenas era mantener los mecanismos de su poder intactos, al mismo tiempo que participaría en un proceso que le permitiría afianzar sus lazos con un nuevo orden nacional. Mientras es posible argüir que los insurgentes fueron conservadores en su actitud de no cambiar el orden político de los pueblos, resulta difícil negar que radicalizaron la tradición juntista que emergió en el mundo hispano en 1808 al extender los atributos de soberanía a los pueblos de indios. Así, el cabildo indígena, y no solamente los ayuntamientos, como en las elecciones de 1809 para la Junta Central, representaba a la patria.

Las invitaciones que el comandante coronel Antonio Lozano, de Papantla o el subdelegado nacional Buenaventura Basquez, de Huetamo, enviaron a los pueblos de indios para participar en las juntas, también son reveladoras; fueron expedidas al “Hijo gobernador” y a su República. Virginia Guedea explica que los subdelegados adoptaron un lenguaje paternal, “tuteando” a los representantes de los pueblos. Esta retórica indica las ideas tradicionalistas, arraigadas en un concepto paternalista de la sociedad y de la relación entre el individuo y el “superior gobierno”. Conllevaba una relación entre el gobierno y sus súbditos, la cual implicaba un nexo de dominación y subordinación y con ello una red de obligaciones paternales para los de arriba y obediencia de los de abajo. Típico de las cartas entre Lozano y los pueblos de indígenas, se encuentran términos como los siguientes: “Hijos Governadores, y Alcaldes de los Pueblos de la cordillera del Margen. Vuestra Patria amada os exorta y suplica qe. le prestéis vuestros auxilios y la obligación que tenéis reconocidos y verdaderos hijos de ella os lo exige ahora qe. mas necesidad tenéis de su protección”. Advirtamos cómo estas relaciones políticas del antiguo régimen, con sus formas enraizadas en conceptos de género, fueron utilizadas por los insurgentes para movilizar a la sociedad rural. Los subdelegados nacionales evocaron los conceptos de deberes familiares y obligaciones filiales para incorporar a los actores indígenas en la lucha revolucionaria.

Recordemos el señalamiento de Francisco García Catarinas sobre los peligros de organizar comicios en momentos de crisis que cité al comienzo de este artículo. Los comentarios de García estaban fundamentados en la experiencia de la política de los pueblos, donde frecuentemente las tensiones sociales se convertían en contiendas entre “bandos” políticos que provocaban disputas sobre elecciones y la preocupación entre los funcionarios reales. Aun en sistemas electorales del antiguo régimen estaba presente el miedo de perder el control y de que el entusiasmo popular por un candidato o el conflicto entre facciones desembocara en violencia y desórdenes. El proceso electoral insurgente incorporó varios elementos cuya intención era canalizar la participación popular. Como ya lo mencionamos, eran presididos por las dos autoridades, los subdelegados por parte de lo civil y el cura párroco de lo eclesiástico. Mantener el voto de las comunidades indígenas en manos de la República fue la principal forma de control, pero también sucedía que en las elecciones en Tierra Caliente en Michoacán los subdelegados nombraran una terna de candidatos. En varios lugares vemos que funcionarios y oficiales del movimiento insurgente fueron votados como electores a pesar de no ser originarios de sus distritos. Sobre todo en las elecciones de la nueva provincia de Tecpan hubo una inclinación por individuos prominentes en la administración rebelde, como Pedro José Bermeo, escribano de guerra de la Suprema Junta elegido por Huetamo, y el licenciado Manuel Díaz, brigadier inspector de Hidalgo designado por Tecpan. En el proceso también se favoreció a oficiales del ejército americano (por ejemplo, en Santiago Ometepec y San Simón Angangueo, entre otros). Como lo menciona Virginia Guedea, los insurgentes aspiraban a confirmar su autoridad por medio de las elecciones. Se respetaron las formas de elecciones de los pueblos, que con sus elementos ceremoniales proporcionaban reglas de comportamiento para “la plebe” que las presenciaban. Aunque el movimiento insurgente era famoso por los conflictos internos, no hay indicios de que los procesos locales hayan provocado o agudizado pugnas dentro de los pueblos.

En los resultados de la votación es obvia una visión cargada de un imaginario tradicional. No es de sorprenderse que los electores escogidos para los pueblos de Papantla e Ixhuatlán, por ejemplo, fueran individuos prominentes de la sociedad local. Agustín Galicia, de Papantla, era un exfuncionario menor del estanco de tabaco; e Ixhuatlán optó por enviar a su cura párroco, don Simón Hernández de Silva, a la junta de Coscomatepec para nombrar al representante de la intendencia. En estos casos y muchos más, lo que vemos es que la insurgencia reforzaba redes locales de poder mientras desafiaba los nexos que normalmente los mantenían subordinados al sistema colonial. El estanco de tabaco arrastraba una historia bastante compleja en la región, pero a finales de la colonia logró insertarse en las relaciones político-económicas. Era claro que los subdelegados, los funcionarios del estanco y los productores indígenas habían llegado a acuerdos en que los oficiales de la corona se hacían de la vista gorda al lucrativo comercio de tabaco ilegal a cambio de participar en la actividad. Por su lado, los productores totonacos también recibían las ganancias de los elevados precios creados por el monopolio y con ello la capacidad para pagar puntualmente sus tributos. En el caso de Ixhuatlán apreciamos el papel central de los párrocos como parte de las estructuras que entrelazaban a los diversos actores de aquel espacio. Es de llamar la atención que, en el caso de la elecciones convocadas en 1809, Nueva España envió 13 clérigos a la Junta Central, por lo que derivamos que el modelo de confiar el voto en los eclesiásticos no era exclusivo de los insurgentes pueblerinos. En los casos donde podemos identificar a los electores, es evidente que tenían algunos nexos con el régimen colonial, bien eclesiásticos, oficiales menores de la milicia o, como Agustín Galicia, de los eslabones más bajos de la administración real.

Cabe comentar que los participantes percibían a los electores más que como un simple representante para emitir un voto; por ejemplo, en la elección de elector que tomó lugar en San José Taximaroa (de la provincia de Valladolid)

[…] a quien el pueblo le da y confiere, todo su Poder, amplio, cumplido, vastante, aquel que se requiera y sea necesario, y lo declaran al incignuado Don Antonio Manzo de Cevallos, por tal Elector, en cuya voz, después unido el congrezo; podrá ante su soberanía, representar por estos Abitantes todo aquello que crea concerniente a su felicidad.

El lenguaje de representación está ligado a la idea de ejercer un poder a favor de los pueblos, nombrando para ello apoderados, algo bastante común en el mundo de pleitos que los rodeaba, pero empleándolos en nuevos ámbitos. Lo que se deriva del texto es que los poderantes, o sea, los participantes en la elección, expresaban un concepto de representación jurídica para describir una relación entre el elector y el cuerpo comunal. Depositaban en Manzo de Cevallos la autoridad del pueblo, pero como todo apoderado, con la responsabilidad de defender, además de representar, sus intereses. La idea de representación política está enraizada en los derechos del pueblo y las relaciones jurídicas tradicionales entre los pueblos de indios y las autoridades superiores.

El esfuerzo de seleccionar a un representante para el Congreso Nacional también fue conceptualizado en términos de jerarquías patriarcales. Por consiguiente, la posición de vocal en el Congreso era descrita como la de un padre que vela por el bien de su provincia: “Para que el referido Representante pueda hablar, tratar y defender con todo derecho y haciendo la voz de un Padre de aquella Provincia que se le encarga”.

En la elección del representante de la Provincia de Tecpan, al expedir sus credenciales, los electores decían que defenderán con sacrificio de su misma vida nuestra Santa y Justa causa y los Derechos de la provincia, que se le recomienda, constituyéndose en defensor y padre de cada uno de los pueblos de su Provincia para quienes solicitará todo bien, y los defenderá de todo mal; y para que le sirva a su señoría de credencial se le mandó librar la presente que por su orden firmaron los comisionados y electores.

Igualmente, en las arengas que los jueces insurgentes hacían en el momento de la elección incorporaban un discurso que erigía el papel de los representantes como padres que velaban por la nación. Así, la mecánica de la representación no era moderna porque no votaban como ciudadanos individuales sino como integrantes de distintas corporaciones, y aquí percibimos que el imaginario constitucional del vocal (y de los diputados en las juntas electorales) era distinto también. Es un proyecto de representación con sus orígenes en los conceptos históricos de los pueblos donde la autoridad se expresaba en términos patriarcales.

Si nos enfocamos en los individuos seleccionados como representantes, deducimos que las elecciones manifestaban la política de una sociedad tradicional. No eran escogidos por reflejar a la población sino como representantes de los cuerpos políticos de la jurisdicción: no debatían sus posiciones ideológicas ni recibían instrucciones de los habitantes sobre cómo defender sus intereses. Elegían a los hombres prominentes de los pueblos y a los funcionarios del gobierno insurgente como sus diputados electores. La convocatoria pedía que fueran patriotas leales a la causa y hombres “de probidad y de conocidas luces” para que pudieran defender el bien común de sus pueblos. Lo que importaba era ser reconocido por las corporaciones como hombre prominente capaz de desempeñar el papel paternal de un representante en un sistema tradicional. A fin de asumir tales responsabilidades, los procesos electorales incorporaron mecanismos ceremoniales para confirmar la autoridad del diputado electo y convencer a los pobladores de su derecho a cumplir sus funciones.

Al mismo tiempo, hay que recalcar que Morelos utilizó formas electorales y conceptos muy tradicionales para producir un cambio radical en la manera en que se concebía la función de las elecciones y la relación entre la sociedad y el gobierno al promover una nueva forma de representación. Movilizaron corporaciones para legitimar el poder de los vocales del nuevo Congreso Nacional y propusieron un nuevo precepto por medio del cual los pueblos, antes completamente autónomos el uno del otro, se unían al seleccionar por medio de sus electores a un nuevo representante, encargándole el deber de actuar como su “padre”. Esto sí fue una innovación. Alfredo Ávila nota cómo el concepto de representación se fue transformando durante la insurgencia, desde la primera junta de Zitácuaro, que no contaba con una “base electoral”, hasta el Congreso de Chilpancingo, y la insistencia en que los vocales representaran a sus intendencias.

El rito electoral

Las elecciones de Papantla antes descritas nos remiten nuevamente a la pregunta que planteó Francisco García Catarinas, de Zacatlán, sobre la utilidad de estos ejercicios electorales. Cuando el coronel Lozano recibió la convocatoria, ya había pasado la fecha que el general Bravo había fijado para la elección del vocal. No había manera de que los diputados de las parroquias papantecas participaran y la situación militar que enfrentaba su comandancia era sumamente difícil en aquel momento; sin embargo, se esforzaron en seleccionarlos y hacer los preparativos para enviarlos a Coscomatepec. Podemos afirmar que los comicios de agosto de 1813 fueron actos sin sentido ni utilidad, los cumplieron cuando ya había caducado la convocatoria de Bravo. Suponemos que Lozano y el subdelegado Pérez efectuaron las elecciones con la esperanza de que la junta provincial fuera pospuesta, o quizás por demostrar a las autoridades insurgentes que estaban dispuestos a cumplir con las órdenes superiores. De hecho, Lozano envió una carta a Bravo explicando la demora en enviar a los diputados. Agregamos a esto el hecho de que no se hizo la elección de vocal en Veracruz, y la mayoría de los que formaron el Congreso Nacional en Chilpancingo no fueron seleccionados por medio del voto, lo que nos lleva a la pregunta original de cuál fue su función.

Es difícil entender el verdadero impacto de las elecciones si las evaluamos desde la perspectiva de los procesos modernos. En este último apartado propongo la hipótesis de que los aspectos propagandísticos y rituales eran los que cumplían las funciones sobresalientes de los comicios en el ambiente local. Los estudios de elecciones premodernos descritos por Frank O’Gorman son de utilidad para pensar en las diferentes facetas, más allá de las razones políticas de crear un gobierno. Este autor nota que en Inglaterra el electorado era muy restringido y los procesos netamente rituales, pero que su lado ceremonial era intencional. El conjunto de actos nos da oportunidad de analizar el contenido simbólico de las ceremonias y profundizar en la cultura política que respaldaba las acciones de los participantes. Otra observación de O’Gorman que vale la pena retomar es que los elementos ritualistas pretendían incorporar a todos los pobladores, y no solamente a los electores formales, por medio de actos públicos, celebraciones y banquetes, todo diseñado para demostrar la legitimidad de los electores y la anuencia de la población en general.

Las elecciones posibilitaron a los subdelegados nacionales y a los comandantes de Armas la escenificación de la nación en las cabeceras de sus jurisdicciones y extender la voz hasta cada pueblo de sus distritos. Así, para empezar, cuando convocaron a los pueblos a participar en el proceso enviaron órdenes de publicar el bando de José María Morelos conforme a la tradición virreinal, fijando copias en las iglesias y plazas, y donde fuera posible, vociferando la convocatoria por medio de un pregonero. Las formalidades de la misma seguían dicha tradición virreinal en cuanto a la manera de publicar y vociferar las órdenes del gobierno superior, solamente que ahora los pregoneros del rey hablaban con la voz de la nación insurgente. Al final del proceso, por ejemplo, después de la elección ya mencionada en Taximaroa, cuando extendieron la constancia de elección al elector, agregaron: que “yo el subdelegado, he hecho se les lea a las Repúblicas de Naturales de los Pueblos referidos, y que firmen de nuevo este ejemplar que sirve al Sr. Elector”. O sea, el proceso empezaba con la difusión pública de la invitación a los pueblos y terminaba con el mensaje vociferado ante ellos y la firma de la constancia por las repúblicas de los pueblos. Los insurgentes sabían lo que hacían, ligaban a los grupos dominantes de los pueblos indígenas y a los “vecinos principales” a su movimiento y a su nuevo proyecto de nación.

Entonces, la elección de electores estaba rodeada de ceremonias para darle más solemnidad y, sin duda, legitimidad ante el público congregado en las cabeceras. Estas reuniones eran muy antiguas en su forma, con misas, actos públicos y arengas que recuerdan aquellas de los ayuntamientos tradicionales o los festivales con que se celebraba la coronación de un nuevo rey. Evocaba la divina intervención con misas solemnes que en los pueblos se asociaban con los eventos más significativos de sus calendarios ritualistas. Anteriormente, las elecciones de cabildos indígenas comenzaban con una misa antes de elegir a su nueva república y, aunque muchas veces no sucedía, el párroco debía estar presente en la votación. En Papantla, Antonio de Lozano combinó la junta electoral con una misa de gracias solemne “en obsequio” (con casi un mes de retraso) por el cumpleaños del “Exmo. Sor. Presidente del Supremo Congreso Nacional Lic. D. Ignacio Rayón”. En el caso de Sultepec, las elecciones iniciaron “para el mayor acierto” con una misa solemne del Espíritu Santo, y “concluida la votación se dieron gracias delante del Santísimo Sacramento que se descubrió al tiempo de cantáse el Te deum laudamus con mucha devoción”. Esto aseguraba que Dios estaba literalmente presente, en la forma del Sacramento, en el proceso electoral insurgente. No es de sorprender que la causa justa que defendía la religión y enmarcaba sus acciones en las formalidades de misas solemnes era parte del idioma polí tico de la Nueva España, y tales actos también aparecían en los comicios organizados por las autoridades bajo el régimen de Cádiz. Las misas Te Deum eran actos litúrgicos especiales de lujo donde los sacristanes sacaban todos los ornamentos de la iglesia parro quial para agregar brillo a los mismos. Igual que las fiestas pa tronales, a la celebración electoral concurrían todos; en casos como éste los antiguos ritos de la Iglesia se prestaban para “ampliar la esfera de la política”, incorporando a aquellos sin voz ni voto en los comicios. Algunas actas de las juntas mencionan celebraciones con repiques de campanas, y en la junta de Sultepec se hizo la anotación de que la elección fue aplaudida por el “concurso de la plebe” que asistía con los electores, señalando que la selección, hecha por un grupo reducido de hombres, tuvo la aprobación de toda la población. Mientras, en Malacatepec el subdelegado informó que al juntar “todo el vesindario de razón, republicas y Comun de Naturales”, al ser notificados de la invitación a la elección de un diputado elector, “demostraron con muchas acciones el Jubilo, alegría, y regosijo que les causó tan plausible determinación”. Las elecciones eran actos públicos en que “el pueblo” ejercería su derecho de representación. No hay duda de que, hasta donde les fue posible, los líderes echaron mano de las tradiciones religiosas y políticas de la Nueva España para crear un aura de legitimidad al proceso de Chilpancingo y asegurarle al público que Dios acompañaba el nacimiento del nuevo gobierno nacional.

Podemos observar, en los aspectos ritualistas de las elecciones, el uso de dos clases de “lenguaje” de celebración, recuerdan por un lado los ritos asociados con la elección de los cabildos de indios en los pueblos y por el otro imitan los actos relacionados con la coronación de los reyes. No es casual, los insurgentes querían apropiarse de la legitimidad de las antiguas repúblicas de indios y a la vez echar mano de las tradiciones reales para forjar nuevos vínculos entre los movimientos locales y el nuevo Congreso Nacional. Los discursos ceremoniales del rey ahora estaban a la disposición de seleccionar nuevos representantes de la nación. Desde luego, el uso de estas ceremonias no era exclusivo de los insurgentes, las advertimos por igual en los juramentos a la Constitución de 1812 en los pueblos realistas y en subsecuentes celebraciones después de la Independencia. Los ritos asociados con la monarquía eran el lenguaje histórico para crear vínculos entre las comunidades y el gobierno.

Un nuevo elemento fue arengar a los concurrentes con discursos patrióticos, lo que se menciona en varias actas, aunque desafortunadamente en la mayoría no ofrecen detalles sobre su contenido. No obstante, hay varios puntos que merecen resaltarse. Tiempo atrás, los alcaldes mayores, subdelegados y párrocos, aunque no votaban en las elecciones de la república, presidían los actos y exhortaban a los participantes a escoger con el bien de la comunidad en mente. En 1813 los funcionarios insurgentes aprovecharon el momento electoral y la tradición de arengar a los electores para exponer los objetivos de la elección y enmarcarla en un proyecto nacional. Tenemos el informe del subdelegado de Huetamo, que incluye un resumen de sus palabras; allí declaraba el porqué de las elecciones, las ventajas que el nuevo Congreso traería a la nación y el fin de “los graves perjuicios y estorciones que hasta ahora se han experimentado”. Las elecciones tenían un carácter propagandístico y en ellas las autoridades no sólo hablaban con los vecinos principales sino con toda la población de la comunidad. El conjunto de hechos se constituyó en una nueva fiesta cívica, que incorporaba la participación de los hombres prominentes, tanto indígenas como no indígenas, y los de la “plebe” que así demostraban su adhesión al movimiento y a las autoridades que actuaban en su nombre. Los insurgentes incorporaban las tradiciones ritualistas de las fiestas católicas y pueblerinas a dicho proceso electoral para recalcar su legitimidad y sus raíces en los pueblos.

Los principios corporativos del proceso electoral insurgente, combinado con la fuerte tendencia de concebir las relaciones entre la población y el elector en términos paternales, revelan el concepto de representación que tenían los rebeldes. El elector-diputado tenía como misión personificar a los pueblos y actuar “como un padre” de las corporaciones, no transmitir los anhelos e intereses de un grupo de ciudadanos. El objetivo de tanta misa, arengas y actos públicos era hacerle saber a la gente, votante o no, que los individuos seleccionados cumplían con los requisitos de ser hombres de bien y tenían el reconocimiento de los pueblos como sus representantes.

Conclusiones

Aunque abundan aspectos tradicionalistas en las elecciones para Chilpancingo, esto no significa que se tratara simplemente de un ejercicio reproductor de viejas formas; al contrario, todo el proceso era un asalto al orden novohispano. Su conservadurismo encubre una propuesta bastante radical, en la que los pueblos, y digo pueblos, no el pueblo, pueden erigirse en un gobierno por medio de convocar a un Congreso Constituyente. Este fenómeno simplemente no tenía precedente en la historia política de la Nueva España e indica que, aunque se intentaba reconstruir el orden jerárquico que la insurrección había desplazado, no era en absoluto un retorno a las formas del pasado. Los rituales electorales permitían el involucramiento de la población en un proceso de cambio que daba un manto de legitimidad y tradición al nuevo proyecto político, o sea, los insurgentes tomaron acciones radicales respetando formas conservadoras.

El proyecto del congreso expresado en las elecciones revela cómo los insurgentes sacaron utilidad de las tradiciones novohispanas de concebir la representación, tomando usos locales de elecciones de república y apoderándose de ellos para proyectarlos hacia el “superior gobierno”. Las corporaciones locales fueron movilizadas para participar en el proceso haciendo que la “nación americana” se construyera desde abajo y desde los pueblos. Los órganos de gobierno local coloniales eran oligárquicos y el voto corporativo mantuvo sus derechos históricos intactos. Sin embargo, las elecciones del Congreso Nacional abrieron nuevos espacios políticos con la intención de lograr una colaboración popular que diera la idea de que el nuevo gobierno deseaba actuar en nombre de más que únicamente los principales indios y vecinos prominentes. Buscaban forjar nuevos mecanismos de unificación de la población alrededor de un proyecto republicano nacional.

Sin duda, el acto de elegir representantes para un cuerpo legislativo nacional era algo completamente nuevo para los pueblos indígenas, y el hecho de que a partir de estas elecciones se volviera un mecanismo “normal” para constituir gobiernos indica un cambio profundo en los conceptos que regían la política. Se podría suponer que el corporativismo del proceso electoral de Apatzingán revelaría un tradicionalismo en el pensamiento político insurgente, pero ésa es una deducción simplista. Lo que está operando aquí es un proceso muy llamativo en que los insurgentes utilizan tradiciones centenarias para cambiar la realidad política de una manera fundamental. Representa una opción alterna de construir un gobierno distinto a la visión liberal, una que no prosperó pero que nos da la oportunidad de entender la mentalidad política de los participantes populares en un proceso insurgente que no ha sido muy fácil de rastrear. Fue una opción que incorporaba las tradiciones corporativas en la construcción de un gobierno republicano desde abajo, y que prometía conservar la autonomía de los pueblos asegurándoles que tendrían representación en el Congreso.

Sabemos que el Congreso Nacional fue exitoso en producir la Constitución de Apatzingán, de carácter republicano, y una declaración contundente de la independencia, pero igualmente hay que notar, que después de la derrota de Morelos y de la disolución forzada de dicho Congreso, el centro político-administrativo insurgente fue destruido. Sin embargo la insurgencia siguió y la Constitución no quedó como letra muerta, sino que sobrevivió en parte porque las instancias locales de la insurrección la mantuvieron en pie. Propongo que las elecciones y la relación que ayudaron a establecerse entre la insurrección armada y las corporaciones locales fueron elementos que nos ayudan a entender la fuerza de la rebelión después de la caída del Congreso. Los mandos medios del movimiento sobrevivieron gracias a las acciones y relaciones políticas establecidas en este periodo tan crítico de la independencia.

Los insurgentes del Golfo de México hicieron sacrificios para organizar las elecciones; tanto Papantla como Coscomatepec estaban bajo la amenaza de acciones militares realistas y, en ambos casos, los rebeldes fueron desalojados de estas importantes cabeceras. En el primer caso, dos semanas después de celebrar la junta electoral, Antonio Lozano tuvo que abandonar la plaza, pero los eventos de Coscomatepec fueron aún más funestos para el proceso electoral. La capital insurgente fue sitiada por tropas del gobierno y Nicolás Bravo, aunque hizo una heroica defensa de la plaza logrando conservar la integridad de la tropa, se vio en la necesidad de abandonar el pueblo, evidentemente sin efectuar la junta de electores para nombrar un representante para la intendencia de Veracruz. El doctor José María de Cos, como señala Virginia Guedea, ocupó el escaño del Congreso por Veracruz en calidad de suplente puesto que no habían llegado los sufragios de aquella intendencia. Así es como quedaron frustrados los proyectos de representación por medio de una junta de electores de Veracruz. No obstante, considero que dicho proceso no fue en balde. En estas páginas me he esforzado en fundamentar la propuesta de que el impacto de las elecciones fue más allá de sus objetivos formales, y el acto en sí constituyó un intento de crear una nueva práctica política forjada en las tradiciones de los pueblos, y en la incorporación de las nuevas fuerzas que surgieron en la insurrección. Las ceremonias que acompañaron las actividades políticas indican que los insurgentes tomaron de forma natural las prácticas de la vida política y ritualista de los pueblos de indios para construir un lenguaje que legitimara la convocatoria que llamaba a formar un Congreso Nacional. Al mismo tiempo, las elecciones dieron un impulso de movilización a la población en general a favor de una iniciativa política, utilizando viejas tradiciones para crear nuevas fórmulas. El sufragio que los insurrectos instituyeron resultó en una combinación de conceptos modernos y tradicionales en que efectivamente se adoptaron nuevos términos de representación dirigidos al superior gobierno, pero no al régimen interior de los pueblos. Aun cuando la guerra se interpuso a este interesante proyecto, resta decir que su legado no es nada desdeñable.




Agradecimientos

Agradezco los comentarios de los participantes en el congreso “La insurgencia mexicana y la Constitución de Apatzingán, 1808-1824”, realizado en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde presenté una primera versión de este trabajo, y también las sugerencias para mejorar el ensayo que me ofrecieron Peter Guardino, Richard Warren y los integrantes del Seminario Interinstitucional de Historia Política organizado como parte del proyecto “Historia de las prácticas electorales en México, siglo xix”, del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Igualmente quisiera agradecer los comentarios de los dictaminadores de Historia Mexicana.


Referencias
Anderson, Benedict, Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, edición revisada, Londres, Verso, 1991.
Annino, Antonio, “Cádiz y la revolución territorial de los pueblos mexicanos, 1812-1821”, en Annino (coord.), 1995, pp. 177-226.
Annino, Antonio (coord.), Historia de las elecciones en Iberoamérica, siglo xix: de la formación del espacio político nacional, México, Fondo de Cultura Económica, 1995.
Ávila, Alfredo, Juan Ortiz Escamilla y José Antonio Serrano Ortega, Actores y escenarios de la Independencia. Guerra, pensamiento e instituciones, 1808-1825, México, Fondo de Cultura Económica, Museo Soumaya Fundación Carlos Slim, 2010.
Ávila, Alfredo, En nombre de la nación. La formación del gobierno representativo en México (1808-1824), México, Taurus, Centro de Investigación y Docencia Económicas, 1999.
Cortés Máximo, Juan Carlos, “Guerra insurgente y constitucionalismo gaditano: el pueblo de indios de Apatzingán”, en Guzmán Pérez y Sánchez Díaz (eds.), 2014, pp. 157-175.
Demélas-Bohy, M. D. y François-Xavier Guerra, “The Hispanic Revolutions: The Adoption of Modern forms of Representation in Spain and America (1808-1810)”, en Posada Carbó (ed.), 1996, pp. 33-60.
Ducey, Michael T., “Indios, insurgentes y súbditos: autoridad e insurrección en los pueblos indígenas de la costa del barlovento veracruzana y la sierra Huasteca, 1810-1812”, en Rojas y Deeds (coords.), 2014, vol. 1, pp. 427-454.
Ducey, Michael T., “La territorialidad indígena y las reformas borbónicas en la tierra caliente mexicana: los tumultos totonacos de Papantla de 1764-1787”, en Historia Social, 78 (2014), pp. 17-41.
Ducey, Michael T., Una nación de pueblos. Revueltas y rebeliones en la Huasteca mexicana, 1750-1850, Xalapa, Universidad Veracruzana, 2015.
Gantús, Fausta (coord.), Elecciones en el México del siglo xix. Las prácticas, México, Instituto Mora, 2016, t. I.
Gerhard, Peter, Geografía histórica de la Nueva España, 1519-1821, traducción de Stella Mastrangelo, mapas de Reginald Piggot, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2000.
Guedea, Virginia, “Los procesos electorales insurgentes”, en Estudios de Historia Novohispana, 11 (1991), pp. 223-249.
Guedea, Virginia, En busca de un gobierno alterno: los Guadalupes de México, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1992.
Guedea, Virginia, “Las elecciones entre insurgentes, 1811-1813,” en Guedea y Rodríguez O. (eds.), 1992, vol. i, 304-305.
Guedea, Virginia, La insurgencia en el Departamento del Norte. Los Llanos de Apan y la Sierra de Puebla, 1810-1816, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1996.
Guedea, Virginia, “The First Popular Elections in Mexico City: 1812-1813”, en Rodríguez O. (ed.), 1997, pp. 39-63.
Guedea, Virginia, “Las elecciones para diputados del Supremo Congreso Nacional Americano”, en Ibarra, Landavazo, Ortiz Escamilla, Serrano y Terán (coords.), 2014, pp. 15-28.
Guedea, Virginia y Jaime E. Rodríguez O. (eds.), Five Centuries of Mexican History. Cinco siglos de historia de México. Papers of the VIII Conference of Mexican and North American Historians, San Diego, California. October 18-20, 1990. Memorias de la VIII reunión de historiadores mexicanos y norteamericanos, San Diego, California, 18-20 de octubre de 1990, México, Instituto Mora, University of California, 1992, 2 volúmenes.
Guerra, François-Xavier, “Las primeras elecciones generales americanas, 1809”, en Modernidad e independencias. Ensayos sobre las revoluciones hispánicas, México, Fondo de Cultura Económica, 1992.
Guzmán Pérez, Moisés y Gerardo Sánchez Díaz (eds.), La Constitución de Apatzingán. Historia y legado, Morelia, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Congreso del Estado de Michoacán, 2014.
Hernández Bringas, Héctor Hiram y Catherine Menkes (coords.), La población de México al final del siglo xx, México (V Reunión Nacional de Investigación Demográfica en México), México, Sociedad Mexicana de Demografía, Centro Regional de Investigación Multidisciplinaria, Universidad Nacional Autónoma de México, 1998, vol. 1.
Hernández y Dávalos, Juan E., Historia de la guerra de independencia de México, México, Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, 1878, edición facsimilar, 1985, vol. 5.
Herzog, Tamar, Defining Nations. Immigrants and Citizens in Early Modern Spain and Spanish America, New Haven, Yale University Press, 2003.
Ibarra, Ana Carolina, Marco Antonio Landavazo, Juan Ortiz Escamilla, José Antonio Serrano y Marta Terán (coords.), La insurgencia mexicana y la Constitución de Apatzingán, 1808-1824, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2014.
Juárez Nieto, Carlos, “La intendencia como forma de gobierno de los insurgentes en Valladolid de Michoacán, 1810-1820”, en Ibarra, Landavazo, Ortiz Escamilla, Serrano y Terán (coords.), 2014, pp. 95-119.
Kanter, Deborah E., Hijos del pueblo, Gender, Family and Community in Rural Mexico, 1730-1850, Austin, University of Texas Press, 2008.
Landavazo, Marco Antonio, La máscara de Fernando VII. Discurso e imaginario monárquicos en una época de crisis. Nueva España, 1808-1822, México, Zamora y Morelia, El Colegio de Michoacán, El Colegio de México, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2001.
Lemoine, Ernesto, “Zitácuaro, Chilpancingo y Apatzingán, tres grandes momentos de la insurgencia”, en Boletín del Archivo General de la Nación, 2ª serie, iv: 3 (1963), pp. 385-710.
Malvido, Elsa y Miguel Ángel Cuenya, “El tifo de 1813 en la Puebla de los Ángeles: una ciudad tomada por las ratas”, en Hernández Bringas y Menkes (coords.), 1998, vol. 1, pp. 517-536.
Moreno Coello, Georgina, “Alcaldes mayores y subdelegados frente a la siembra clandestina de tabaco: Papantla, 1765-1806”, en América Latina en la Historia Económica. Revista de Investigación, 19: 3 (2012), pp. 206-234.
O’Gorman, Frank, “Campaign Rituals and Ceremonies: The Social Meaning of Elections in England, 1780-1860”, en Past & Present, 135 (mayo 1992), pp. 79-115.
O’Gorman, Frank, “The Culture of Elections in England: From the Glorious Revolution to the First World War, 1688-1914”, en Posada Carbó (ed.), Elections before Democracy, 1996, pp. 17-31.
Ortiz Escamilla, Juan, El teatro de la guerra, Veracruz, 1750-1825, Castelló de la Plana, Universitat Jaume I, 2008.
Ortiz Escamilla, Juan (coord.), Revisión histórica de la guerra de Independencia en Veracruz, Xalapa, Universidad Veracruzana, Gobierno del Estado de Veracruz, 2009.
Ouweneel, Arij, “From Tlahtocayotl to ‘Gobernadoryotl’: A Critical Examination of Indigenous Rule in 18th Century Central Mexico”, en American Ethnologist, 22: 4 (1995), pp. 756-785.
Posada Carbó, Eduardo (ed.), Elections before Democracy: The History of Elections in Europe and Latin America, Londres, MacMillan Press Ltd., Institute of Latin American Studies University of London, 1996.
Rodríguez O., Jaime E., Nosotros somos ahora los verdaderos españoles: la transición de la Nueva España de un reino de la monarquía española a la República Federal Mexicana, 1808-1824, Zamora, Michoacán y México, El Colegio de Michoacán, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 2009, 2 volúmenes.
Rodríguez O., Jaime E. (ed.), The Origins of Mexican National Politics 1808-1847, Wilmington, Delaware, Scholarly Resources, 1997.
Rojas, Laura y Susan Deeds (coords.), México a la luz de sus revoluciones, México, El Colegio de México, 2014, vol. 1.
Scott, James C., Los dominados y el arte de la resistencia. Discursos ocultos, traducción de Jorge Aguilar Mora, México, Ediciones Era, 2000.
Souto Mantecón, Matilde, “El primer ejercicio constitucional en Nueva España: la elección del Ayuntamiento en la ciudad de Veracruz en 1812. Descripción de la mecánica electoral”, en Gantús (coord.), 2016, pp. 55-92.
Taylor, William B., Magistrates of the Sacred. Priests and Parishioners in Eighteenth-Century Mexico, Stanford, Stanford University Press, 1996.
Torre Villar, Ernesto de la, La Constitución de Apatzingán y los creadores del Estado mexicano, 2a ed. con un apéndice, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1978.
Trens, Manuel B., Historia de Veracruz, Xalapa, Secretaría de Educación y Cultura, 1992, vol. 3.
Van Young, Eric, The Other Rebellion. Popular Violence, Ideology, and the Mexican Struggle for Independence, 1810-1821, Stanford, Stanford University Press, 2001.
Warren, Richard A., Vagrants and Citizens. Politics and the Masses in Mexico City from Colony to Republic, Wilmington, Delaware , Scholarly Resources, 2001

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