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“¡Que le quieren dar veneno al señor arzobispo-virrey!” Historia de una conspiración dirimida por la inquisición de nueva España (agosto de 1809-enero de 1810)1

Carlos Gustavo Mejía Chávez1

El Colegio de México



Resúmenes:

El propósito de este trabajo es el de ofrecer una interpretación historiográfica sobre un capítulo de la vida y actividad política del arzobispo-virrey Francisco Xavier de Lizana y Beaumont, vinculada a las diligencias del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición durante los últimos meses de 1809, hasta enero de 1810. Mediante el examen de un documento del ramo Inquisición del Archivo General de la Nación, se demostrará que una vez que Lizana y Beaumont se convirtió en la cabeza del gobierno novohispano, tomó la decisión de respaldarse en los ministros del Tribunal inquisitorial, manteniéndose al tanto de los rumores que se discutían sobre la organización de una conjura, en que se vinculó a los miembros del Real Acuerdo, que buscaba asesinarlo. El temor a que los rumores sobre la conspiración fueran ciertos urgió al arzobispo-virrey solicitarles a los ministros del Tribunal de la Fe, y no a la Junta de Seguridad y Buen Orden, que dirimiesen sobre los testimonios para determinar la verdad sobre la confabulación.

Recibido: 08-02-2017; Aceptado: 07-07-2017

Historia mexicana, 2018

Palabras clave: Inquisición, Lizana y Beaumont, conspiración, infidencia, la Güera Rodríguez.
Keywords: Inquisition, Lizana y Beaumont, conspiracy, betrayal, la güera Rodríguez.

Introducción

Detrás de cada falsa conspiración, quizá se oculte siempre la conspiración de alguien que tiene todo el interés en presentárnosla como verdadera.
Umberto Eco.2

Hace ya un largo tiempo que parte de la historiografía mexicana consideraba que el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición de México había tenido poca injerencia en las actividades políticas del gobierno de la Nueva España durante la primera década del siglo XIX, en parangón con años posteriores en los que los testimonios de la época “evidenciaban” a la institución como un mero instrumento político. Además se especu laba que el Tribunal (es decir su instituto y sus ministros) se encontraba inmerso en una severa decadencia corporativa (misma que cargaba de décadas atrás, a causa de las reformas que el gobierno de Carlos III intentó consolidar), lo que puso en riesgo su existencia y funciones como aparato de vigilancia y control social; y que no fue sino hasta el estallido del movimiento rebelde en Dolores, Guanajuato, en 1810, cuando el Tribunal gozó de un nuevo respiro y relevancia en sus “actividades políticas”, censurando las acciones de los insurgentes y excomulgando a sus principales dirigentes, por lo menos antes de que se verificara su primera supresión en 1813.3 Prácticamente podía interpretarse que los inquisidores no desempeñaron un papel relevante en el ámbito político novohispano, en el supuesto de que su jurisdicción debía limitarse a la reprobación, seguimiento y punición de aquellos delitos que atentasen contra la religión y el canon católico.4 Claro está que dicha interpretación acerca del papel de los tribunales de la fe y sus ministros en España y en América distaba bastante de las disímiles realidades que los contextos temporales, regionales y sociales ofrecieron a la complicada realidad y labor inquisitorial, en especial durante el periodo crítico en que las funciones de los tribunales se vieron afectadas por la invasión francesa en la península Ibérica, y su subsecuente abolición.

Varios han sido los estudios que desde principios del siglo XX hasta nuestros días han tratado de reconstruir la historia de la Inquisición en la Nueva España, desde su establecimiento como ministerio monacal y episcopal, su reorganización como institución moderna en 1571, su actividad político-religiosa, hasta su supresión definitiva ocurrida en 1820.5 Sin embargo, han sido escasas las investigaciones que se han enfocado al análisis de las actividades de la Inquisición dentro de la política virreinal durante la época previa a la rebelión armada de 1810, periodo que, como señaló Hugh M. Hamill, “ha sido tratado en forma superficial por los historiadores, exceptuando, tal vez, el episodio correspondiente a las conspiraciones de Valladolid y Querétaro”.6 En efecto, a mi consideración han sido pocos los trabajos que se han enfocado en profundizar, razonar y explicar la influencia y ocupaciones que los miembros del tribunal desempeñaron no sólo en el ámbito social, sino en la toma de decisiones gubernamentales, durante los años previos al inicio de las revueltas armadas que culminaron con la proclamación de independencia de México en 1821.7 Ahondar en la documentación elaborada entre los años de 1808 a 1810 (tal vez años antes) podría ofrecernos un panorama más amplio y sugerente acerca de la actividad político religiosa de la Inquisición durante una época de crisis.8 Un periodo que a mi juicio no ha sido del todo estudiado, dentro de la temporalidad inicialmente aludida, es el que concierne al gobierno del arzobispo-virrey Francisco Xavier de Lizana y Beaumont, cuya relación con el Tribunal inquisitorial fue por demás trascendente, ya que su examen bien podría explicarnos de qué forma se fundaron las relaciones políticas entre diversas instituciones de la Nueva España.9

El propósito de este trabajo es ofrecer una interpretación historiográfica acerca de un capítulo de la vida y actividad política del arzobispo Lizana y Beaumont, vinculada a las diligencias del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición durante los últimos meses de 1809 y los primeros de 1810. A grandes rasgos lo que intentaré demostrar es que una vez que Lizana y Beaumont se convirtió en el dirigente del gobierno novohispano, tomó la certera decisión de respaldarse en los ministros del Tribunal inquisitorial (uno de ellos, Isidoro Sainz de Alfaro, gobernador de la mitra y primo de Lizana y Beaumont), manteniéndose al tanto de las noticias y charlas que se discutían en las plazas y detrás de los muros palaciegos, en un momento en que circulaban un sinfín de rumores que influyeron en el ánimo indulgente y conciliador del arzobispo-virrey. Esto se detallará mediante la exposición de una serie de denuncias y testimonios que llegaron en distintos tiempos, y por boca de varias personas, a los oídos de Lizana y Beaumont, en los que se aseguraba que un grupo de facciosos, encabezados por algunos miembros de la Real Audiencia, planeaban asesinarlo. Aunque Lizana y Beaumont contaba con la asistencia de un juzgado especial que se dedicó a procesar a las personas acusadas de ser infidentes a Fernando VII, por tanto, al legítimo gobierno y potestad de las autoridades novohispanas (cuestionadas todas ellas por el violento e ilegal proceder contra el anterior virrey, José de Iturrigaray), el arzobispo-virrey tuvo a bien solicitar a los inquisidores que dirimieran tales testimonios para determinar la verdad de la conjura. En este sentido se expondrá que la actividad inquisitorial del tribunal novohispano, lejos de haber menguado a causa de la abolición del Consejo Supremo en España por órdenes de Napoleón Bonaparte (una vez concertadas las abdicaciones de Carlos IV y Fernando VII), se mantuvo constante dentro del ámbito público y político, concentrándose en la vigilancia de aquellos sujetos que parecieran afines a Napoleón y a los franceses, lo mismo que en la censura y prohibición de libros peligrosos por su contenido irreligioso.

Esta investigación parte de un expediente del ramo Inquisición, del Archivo General de la Nación. Dicho expediente está compuesto por cartas, partes militares y testimonios de algunos personajes vinculados al gobierno virreinal en los que se refirieron al desarrollo de la conjuración contra el prelado, y cuya averiguación le fue delegada (como asunto extraoficial) al Tribunal de la fe. Este caso me ha parecido sobresaliente, pues hay que tener en consideración que sobre dicha conjura únicamente existen indicios (diseminados y discordantes) que varios eruditos y estudiosos de la historia de la independencia en México refirieron en sus obras, sin llegar a ofrecer una interpretación concreta acerca de la misma. De hecho, es posible que dicha conjuración hubiera pasado “inadvertida”, o tomada como carente de importancia, en razón de lo disperso de sus indicios, pues si bien no se trató de una intriga desapercibida por Lizana y Beaumont, creo, sí lo ha sido para la historiografía mexicana. Huelga decir que el análisis hermenéutico realizado a este documento podría proporcionarnos una nueva interpretación acerca de las diligencias políticas de Lizana y Beaumont durante su breve gestión como virrey, asociadas algunas de ellas a las ejecutadas por el Santo Oficio en Nueva España; y no sólo eso, ya que este caso de infidencia está ligado, por sus actores y consecuencias, con las conspiraciones de Valladolid (1809) y de Querétaro (1810), lo que le otorga más importancia.

Examen documental e historiográfico

Antes de iniciar la narración acerca de los acontecimientos ocurridos entre los meses de agosto de 1809 y enero de 1810 en la ciudad de México, vinculados a la gestión del arzobispo-virrey Francisco Xavier de Lizana y Beaumont, es conveniente ahondar un poco en el contenido del documento que funcionó como fuente primaria y que dio pie a esta interpretación historiográfica. El documento en cuestión está compuesto por algunas cartas dirigidas a Lizana y Beaumont en las que se denunció una conjura en su contra que, supuestamente, estaba siendo orquestada por el oidor Guillermo de Aguirre en complicidad con otros importantes personajes de la política y del comercio de la ciudad de México.10 Conforme fui avanzando en la lectura del documento, me fue preciso cotejar su información con la de la historiografía del periodo, relacionada con el caso específico, descubriendo que sólo unos cuantos estudiosos de la historia mexicana decimonónica habían tratado, referido o enterado del caso, pues aunque es cierto que en algunos trabajos se ha mencionado que el periodo 1808-1809 fue de enorme desconcierto político y social, y que las amenazas de conspiración eran cosa de todos los días, parece que no se ha indagado más respecto a este caso particular, con excepción de una tesis reciente.11 Esta eventualidad me encaminó a releer las obras de algunos de los escritores decimonónicos mexicanos que dedicaron su tiempo al estudio y crítica de la revolución de independencia, mismas en las que logré ubicar algunas referencias al caso de la conspiración contra Lizana y Beaumont, aunque casi todas explicadas de manera escueta y con cierta variación en la interpretación de los hechos.

Comenzaré aludiendo a la obra clásica de Lucas Alamán, quien expuso que:

El arzobispo, desazonado por la censura que de sus providencias hacia el oidor Aguirre de que se le daban acaso informes exagerados, o temeroso de otros intentos que se atribuían a aquel magistrado por los que rodeaban al prelado virrey y a cuyas insinuaciones prestaba demasiado fácil asenso, le mandó salir para Puebla a pretexto de una comisión, y aún se dijo que iba a enviársele a España. La irritación que tal medida causó en el partido español y la desaprobación que de ella hicieron los mismos americanos, a lo menos los más moderados, obligaron al arzobispo a derogarla. Aguirre volvió pocos días después de su salida y fue recibido con triunfo por su partido, con gran descrédito del arzobispo, quien con esta facilidad en dictar providencias contrarias, daba a conocer que o no meditaba debidamente lo que hacía, o que después de hecho no tenía firmeza para sostenerlo. Túvose por cierto que todo este incidente fue originado de intriga fraguada por una señora de familia distinguida, célebre en aquel tiempo por su belleza, a quien el arzobispo desterró en seguida a Querétaro. Estas providencias arbitrarias se atribuían al influjo que el inquisidor Alfaro ejercía sobre el arzobispo, y ellas hacían que los españoles de Méjico escribiesen desfavorablemente contra éste, tanto a la Junta Central como en sus correspondencias particulares con los comerciantes de Cádiz.12

Por su parte, el abogado Carlos María de Bustamante, que en ese entonces era el editor del Diario de México, no distaba de la versión de Alamán:

Supo también el arzobispo, que el oidor Aguirre era uno de los que si no conspiraban contra su gobierno, a lo menos lo detraía escandalosamente, y por tanto, lo hizo salir de Méjico para embarcarlo; mas fue tal zambra que armaron los llamados Chaquetas, de que era corifeo, que se vio precisado a mandarle volver desde Puebla. Saliéronle a recibir al camino, y su entrada se hizo en tono de triunfo. Díjose que en la formación secreta de su proceso, tuvo mucha parte cierta señora mejicana, viuda, que por su hermosura ha obtenido nombradía entre nuestras beldades; costóle caro por entonces; pero desterrada a cincuenta leguas de Méjico, se casó con un hombre rico que la dejó heredera de no pocos bienes.

[…] No aparece en la correspondencia con la corte la noticia del destierro de Aguirre, a lo menos en la que yo he registrado; pero el hecho es cierto, y yo lo vi.13

Otra referencia destacable aparece en la obra de José María Luis Mora, la que a mi parecer es la que más cercana a la eventualidad descrita en el expediente del AGN:

Entre tanto el arzobispo tuvo una denuncia formal de la conspiración que se fraguaba contra su persona y gobierno, por los aprehensores de Iturrigaray, y a cuyo frente se hallaba el mismo don Guillermo de Aguirre, que había sido el alma de aquélla. Don Jacobo de Villaurrutia lo supo por su hijo Eulogio, que se hallaba al cabo de todo, y lo llevó ante el prelado, en cuya presencia declaró cuanto sabía: a virtud de estas noticias, se procedió a hacer otras pesquisas, y a muy pocos pasos se supo ya de un modo bastante seguro, la existencia del proyecto y los que en él se hallaban comprometidos, sobre poco más o menos, los mismos que lo estuvieron en la de Iturrigaray. La circunstancia de ser todas personas acaudaladas y de las principales de Méjico, hacía muy peligroso el intentar contra ellos una causa formal y un procedimiento ruidoso: estas consideraciones, y más que todo, los principios de lenidad que eran característicos de Lizana, fueron la verdadera causa de que el gobierno se atuviese a las medidas de precaución con el común de los conjurados, haciendo salir solamente de Méjico, al oidor Aguirre, el más temible de ellos, a pretexto de una comisión que debía desempeñar en Puebla. Los españoles que no estaban acostumbrados a semejantes procedimientos, se irritaron sobre manera, pero aleccionados ya de que por conspiraciones poco o nada podrían adelantar, pues todos los depositarios de la autoridad se hallaban demasiado prevenidos para poder ser sorprendidos, aplicaron todo su poder a conseguir del gobierno de Cádiz la remoción del prelado.14

Finalmente tenemos la significativa versión del libelista y editor de la Gazeta de México, Juan López Cancelada, quien al ser cercano a muchos de los integrantes del partido español tuvo una opinión muy diferente a la de nuestros anteriores escritores:

Apenas este santo hombre tomó el mando, se formó por los criollos tocados de los principios de Iturrigaray y el proyecto de engañarlo. […] Pasaron a murmuraciones los recelos de ellas, y los criollos […] aprovechándose de la candidez, le imbuyeron que los gachupines trataban de deponerlo, y colocar otra vez al señor Garibay […]. Para que así lo creyera, le persuadieron de que el oidor Aguirre hacía cabeza, y que en el Parián se hacían las reuniones. Hubo quien lo desengañase por entonces, pero no pudieron desengañarlo de que se estaba tramando una revolución […]. Durante […] [el] destierro del señor Aguirre le hicieron cometer los criollos […] otros muchos errores. Aquellas especies de que los gachupines lo querían deponer le hicieron apostar cañones de artillería a las puertas del palacio de noche y de día redoblando su guardia, y recelándose a cada momento de una conmoción popular. No faltaron criollos que le persuadieron también de que la prisión (de Cancelada) y destierro de los dos, […] era la causa de las reuniones en el Parián para darle el asalto, y el pobre arzobispo no tenía momento de sosiego con los anónimos de intento para que desconfiase de todo español, hasta el extremo de no hallarse seguro sino entre los criollos.15

Confrontando estos cuatro testimonios con los datos de la fuente principal fue viable hacer una relación de los hechos en los que se pudo detectar y completar, en algunos casos, los vacíos documentales entre ambos, logrando armar con ello una interpretación factible acerca de lo que fue la conspiración contra el arzobispo-virrey:

1) Alamán, Bustamante y Mora señalaron las fricciones que existían entre el arzobispo-virrey Lizana y Beaumont y el oidor Aguirre, pero sólo Bustamante, Mora y Cancelada precisaron que el oidor “tramó y dirigió” una conspiración contra el gobernante, en la que estaban implicados varios personajes importantes, en su mayoría los mismos que habían estado involucrados en el golpe de 1808, lo que seguramente incitó a “la expulsión” de Aguirre de la ciudad de México.

2) Alamán y Mora, a diferencia de Bustamante y Cancelada, concordaron en que el oidor Aguirre no fue ni expulsado ni exiliado, sino que su partida se debió al encargo de una comisión que Lizana y Beaumont le ordenó ejecutar, lo que seguramente fue tomado por el partido del oidor como una expulsión, y que estando bajo la presión del grupo político y de los Chaquetas, el arzobispo-virrey tuvo que ceder y consentir en que Aguirre regresara a la ciudad de México bajo circunstancias no muy bien esclarecidas, pues también Mora expresó que se hicieron algunas pesquisas sobre el asunto, pero jamás mencionó cuáles fueron sus resoluciones, ni mucho menos quién las llevó a cabo. .

3) Alamán y Bustamante indicaron que el problema se generó a causa de la acusación hecha por una dama mexicana de gran belleza y buena posición económica (dicha dama no era otra sino María Ignacia Rodríguez de Velasco, mejor conocida como “la Güera”), quien fue “expulsada” tiempo después por el arzobispo-virrey a la ciudad de Querétaro, sin especificar las razones de dicha disposición. Además, los cronistas también refirieron a la influencia que ejercieron ciertos personajes cercanos a Lizana y Beaumont, entre ellos el inquisidor Isidoro Sainz de Alfaro. Siguiendo esta versión, Cancelada afirmó que en realidad la culpa recaía en un grupo de criollos que convenció a Lizana y Beaumont de que los españoles estaban confabulando en su contra, circunstancia que al parecer no estaba tan peleada con la realidad.

4) En las versiones de Alamán, Bustamante y Mora se menciona a otros personajes que estuvieron involucrados en el caso pero que, no aparecen aludidos en ningún momento en alguno de los documentos que componen nuestro expediente: por ejemplo a Eulogio Villaurrutia y a su padre, el oidor Jacobo de Villaurrutia.

5) Ni Alamán, ni Mora, ni Cancelada explicaron cómo se enteraron de los hechos referidos, sólo Bustamante se atrevió a manifestar que él supo de la expulsión de Aguirre porque “había presenciado los hechos”. Sin embargo el mismo Bustamante mencionó que la correspondencia que hacía referencia a la “expulsión” no existía.

6) Como se mencionó, tampoco se hizo referencia a la forma en que se llevaron a cabo las averiguaciones de la acusación que pesaba contra Aguirre, ni mucho menos a qué institución correspondió llevar la diligencia. Mora mencionó que se hicieron pesquisas y que en poco tiempo “se supo ya de un modo bastante seguro, la existencia del proyecto y los que en él se hallaban comprometidos”. Por su parte, Bustamante afirmó que se hizo formación secreta de un proceso contra el oidor.

Algunas notas acerca del gobierno de Francisco Xavier de Lizana y Beaumont

A mediados de 1809, por decisión de la entonces Junta Suprema Central en Sevilla, fue electo como virrey de la Nueva España el arzobispo Francisco Xavier de Lizana y Beaumont, dando inicio a una nueva etapa dentro de la fracturada política virreinal novohispana.18 La de Lizana no fue en realidad la mejor época en lo que respecta a la situación y relación entre los ámbitos políticos y sociales, ya que algunos sectores de la capital, lo mismo que de otras regiones del territorio, se sentían notoriamente agraviados por los excesos cometidos por el partido español contra el legítimo gobierno de José de Iturrigaray en septiembre de 1808, así como también por la gestión intolerante e incompetente que despachó su sustituto, Pedro Garibay, especialmente contra el partido criollo.19 Debido a ello, la elección del eclesiástico como gobernante puede ser entendida como una medida estratégica de los representantes de la Junta Central para apaciguar el ánimo de las facciones en pugna mediante el llamado a la concordia por parte de Lizana y Beaumont, y evitar con ello algún conflicto que pudiese poner en riesgo la de por sí deteriorada estabilidad del virreinato.

Por otro lado, la situación precaria de los frentes de batalla en España continuaba generando expectativa entre la población de las colonias americanas, pues más que nunca se percibía la amenaza de una invasión de los ejércitos del emperador Napoleón I quien, según la correspondencia que llegaba de allende los mares, había despachado a varios de sus agentes a las provincias hispanoamericanas para desestabilizar sus gobiernos y lograr la subyugación de las colonias al rey José I, e incluso fomentó la tentativa de una total independencia de España con la esperanza de reducir la influencia marítimo comercial de su archirrival Inglaterra. En tal caso, estos temores se incrementaron debido a la circulación de noticias, ocasionalmente imprecisas, y de rumores que se emitían en plazas, calles y mercados de la capital, lo que puso en estado de alerta a los pobladores y a las autoridades. Por otro lado, la administración del arzobispo-virrey también hizo frente a la escasez de aguas que se presentó en el mes de julio y que provocó estragos en el campo, afectando a los sectores más vulnerables de las ciudades de México, Valladolid y Guanajuato, lo que desencadenó el acaparamiento y especulación en los precios de las semillas.20

La elección de Lizana y Beaumont como virrey también marcó un corto periodo de influencia de los ministros del Tribunal de la fe en las decisiones políticas del arzobispo-virrey quien, en agradecimiento por las contribuciones económicas realizadas por la Inquisición en apoyo a la causa española, la denominó “el mejor ejército de la monarquía española”, considerándola el último bastión de la Inquisición en los reinos hispánicos.21 Por otro lado, la relación e influjo que el inquisidor Isidoro Sainz de Alfaro ejercía en el arzobispo-virrey fue determinante para las relaciones entre el gobierno y corporaciones tales como la Real Audiencia y el Consulado de Comercio de la capital novohispana. Sainz de Alfaro había obtenido entre 1806 y 1807 el cargo de gobernador de la mitra22 lo que, junto con su papel de racionero de la catedral, le permitía tener control de las finanzas de esa institución, además de ser el consejero y mano derecha del arzobispo-virrey, a quien relevó en ocasiones tales como las visitas pastorales, debido a los problemas de salud que aquejaban a Lizana y Beaumont.23 Habrá que advertir que la consolidación de Sainz de Alfaro en el cargo de gobernador de la mitra fue en realidad parte de una estrategia mediante la cual Lizana y Beaumont pretendió tener bajo una estricta vigilancia y control a los miembros del cabildo catedralicio, en donde era perceptible la inquietud que cierto sector del clero mostraba por la situación social y política, que les había sido desfavorable desde antes de la crisis monárquica de 1808, lo que generaba inconformidades y discusiones de talante sedicioso entre sus integrantes. Para tal caso, Sainz de Alfaro, haciendo gala de su autoridad y poderío, procuró mantenerse al tanto de lo que ocurría y se decía en los templos y conventos, encargándose de poner en orden cualquier tentativa o acto que pudiera poner en tela de juicio la fidelidad que el clero debía al gobierno español.24 ¿No podríamos entonces suponer que esa “innegable autoridad” le permitió a Sainz de Alfaro manejar a su gusto y libertad cualquier asunto, tanto en la mitra como en el palacio virreinal? Bien se podría sugerir que tanto Sainz de Alfaro, en su calidad de dirigente de la mitra, y como Bernardo del Prado y Obejero, inquisidor decano del Santo Oficio, trabajaban y se correspondían en conjunto en sus labores cotidianas, encauzadas en la vigilancia de cualquier percance que pudiera provocar inquietud en el ánimo de Lizana y Beaumont, un hombre con buenas intenciones, pero con un cargo y deberes que rebasaron sus capacidades debido a sus constantes malestares e incluso a su misma calidad de eclesiástico, lo que lo convertía en un gobernante débil y con poco carácter para tomar decisiones importantes en un contexto crítico.

Queda claro entonces que, para infortunio de Lizana y Beaumont, tanto la influencia del gobernador de la mitra, como el papel antagónico que tuvo la Inquisición en los asuntos de gobierno, y la evidente incapacidad de su gobierno de crear avenencias entre las facciones, le produjeron numerosos problemas con los integrantes de la Real Audiencia quienes, ante la oposición del gobernante a sus intereses (en un intento de restarles preponderancia), se enfrentaron a él, lo que derivó en un candente escenario de intrigas políticas.

Intranquilidad social, preocupación arzobispal, vigilancia inquisitorial

En la proclama leída a la población para celebrar su advenimiento al gobierno virreinal, Lizana y Beaumont se expresó patrióticamente, promoviendo la unión entre españoles y criollos contra la amenaza que se cernía sobre la Nueva España y su deber para ella: “Y si por un temerario arrojo se atreviesen á insultar vuestro suelo los pérfidos, impíos y barbaros Franceses, o cualesquiera otros, sabré empuñar la espada, ponerme a la frente de vuestros soldados, defender vuestras posesiones y personas, y escarmentar a los enemigos de vuestro reposo”.25 El fervor a Fernando VII, el patrocinio de la Virgen y la defensa de la patria fueron los recursos retóricos utilizados por Lizana y Beaumont en sus proclamas, sermones y pastorales, menciones que bien podríamos considerar usuales dado el contexto político y social que se vivió por aquel entonces. No obstante, si observamos con detalle el contenido de algunos de los documentos impresos que el arzobispo-virrey produjo e hizo circular en Nueva España, podremos reparar en que Lizana y Beaumont estaba notablemente intranquilo, pues se encontraba a la espera de que algo nefando ocurriera en cualquier momento.26 Tales preocupaciones no eran para menos pues desde hacía tiempo que al arzobispo-virrey llegaban noticias, incluso “ruidos”, que eran propagados por gente de toda clase, acerca de lo que ocurri ría en caso de desatarse un conflicto interno motivado por la desunión y enfrentamiento entre facciones, un conflicto del que muchos suponían sería causa del influjo de los agentes de Napoleón infiltrados entre la multitud.

La amenaza asumida por las autoridades hispanas acerca de una factible invasión militar extranjera (francesa o británica) fue una idea que se extendió durante los últimos meses de 1808, y que entre 1809 y 1810 (irónicamente) tuvo mayor apogeo gracias a las advertencias y rogativas decretadas por las autoridades locales en proclamas y edictos, y por los sermones ofrecidos por los sacerdotes desde el púlpito, y que dadas las circunstancias, ninguna de las exhortaciones fue tomada a menos.27 Luego de saberse las noticias de lo acontecido en España a causa de las abdicaciones en Bayona y los levantamientos populares contra los ejércitos de Bonaparte en Madrid, entre la sociedad de Nueva España se reavivó el temor y desprecio que, durante los años de 1789 a 1795, configuró la imagen de los franceses como los más sacrílegos y atroces enemigos de la religión católica y de la monarquía española. Como dije, buena parte de ese sentir antifrancés fue concebido y expresado por los sacerdotes, quienes advirtieron a la población de no dejarse seducir por las falsas promesas del tirano Napoleón, encomendándoles permanecer alertas ante cualquier noticia, atentos y prestos a denunciar cualquier acción y palabra que pudiera ser causal de desconfianza, y sobre todo respetar el juramento de fidelidad al bienamado Fernando VII.28

Si bien el fervor patriótico y favorable a Fernando VII fue sincero en buena parte de la sociedad novohispana, también existieron personas que se mostraron inconformes, e incluso opuestas al discurso patriótico esgrimido por las autoridades. En muchos de los casos denunciados ante el Tribunal de la Inquisición y ante la Junta de Seguridad y Buen Orden durante esos años se hicieron patentes la irritación e inquietud que muchas personas de distintos estratos sociales expresaron respecto a los acontecimientos en España y los propios de Nueva España. En la mayor parte de los casos la violencia ejercida contra el gobierno de José de Iturrigaray apareció como la causa principal del descontento social, pues ese golpe contra la soberanía fue el principio de las afrentas perpetradas contra los criollos, lo que para 1809 radicalizó a muchos a ejecutar conspiraciones contra el gobierno virreinal, pues existía la firme convicción de que los “gachupines” se habían “afrancesado” y, por tanto, estaban dispuestos a entregar la Nueva España a Bonaparte.29 Claro está que en un clima de tensiones, desconciertos y miedos sociales imperaron la desconfianza y la venganza, lo que dificultaba la paz y concordia entre los españoles, criollos, e incluso entre grupos indígenas, que llegaron a acusarse recíprocamente de simpatizar con el gobierno intruso de José Bonaparte, lo que en perspectiva los convertía a todos en potenciales sospechosos de infidencia.30

Por otro lado, los informes recibidos de parte de los ministros de la Junta de Seguridad y Buen Orden, junto con la correspondencia venida desde el extranjero, influyeron en las disposiciones de Lizana y Beaumont, quien se aprestó a dar órdenes a sus oficiales para que vigilaran todas las fronteras, pueblos, villas y las entradas a la ciudad para que no fuera a “colarse” algún agente de Napoleón y, en todo caso, permanecer siempre atentos a cualquier actividad o expresión que pudiera suponer un peligro.31

Aunque la Junta Central tuvo a bien elegir a Lizana y Beaumont como virrey con la finalidad de que éste, en su calidad de prelado, llamara a la concordia social en un momento de crisis, su nombramiento no resultó del total agrado para el partido español (Real Audiencia y comerciantes), del que esperaba su apoyo, ya que muchos de sus miembros se manifestaron contra la supuesta preferencia que el arzobispo-virrey prodigaba al partido criollo, aunque esta misma recriminación se verificó también entre los españoles americanos;32 de hecho, no faltó quien exhibiera una auténtica animadversión contra el gobernante. Por ejemplo, se comentaba que el oidor Guillermo de Aguirre le profesaba un odio terrible a Lizana y Beaumont en razón de que no permitió que el oidor saliera seleccionado como representante de la Nueva España ante las Cortes, dándole preferencia al licenciado Miguel de Lardizábal, aunado a la propuesta, formulada por Sainz de Alfaro, de jubilar al oidor.33 Por otro lado, el entonces editor de la Gazeta de México, Juan López Cancelada, vocero de los españoles resentidos con el arzobispo-virrey, llegó a opinar que la influencia de la élite criolla en Lizana y Beaumont era tal que éstos lo convencieron de que los “gachupines” estaban preparando los medios para deponerlo del cargo, tal como lo hicieron con Iturrigaray.34 Sí bien López Cancelada no era tenido como alguien digno de credibilidad entre muchos, su voz y sus imprecaciones llegaron a tener un efecto importante en la opinión pública; por ejemplo, en el mes de noviembre de 1809, Lizana y Beaumont recibió de Veracruz una noticia acerca de las palabras expresadas por un teniente de fragata de nombre José Melgares. En la respuesta enviada al gobernador de Veracruz, el arzobispo-virrey se refirió a dichas expresiones: “Que esto está perdido; que yo lo gobierno con criollos empeñados en dar capote a los gachupines; que éstos estudian la recíproca, y que cuando menos se piense habrá una zafacoca interminable”.35

Estos informes fueron el reflejo de un temor a algo incierto, a un miedo vigente y omnipresente, siempre a la espera, según los rumores y quienes los creían, del momento oportuno para estallar; por ello es posible afirmar que Lizana y Beaumont no sólo estuvo preocupado por una factible incursión de los franceses a territorio novohispano, sino además tuvo aprensión ante un más que probable incidente interno que culminaría en el derramamiento de sangre, sin olvidar el recelo a un atentado en su contra.36 Pero estas “habladurías” fueron o trataron de ser acalladas por el Tribunal del Santo Oficio para evitar que su propagación perturbara a la ya de por si irritada colectividad de la ciudad de México. Es probable que Lizana y Beaumont, a diferencia de los inquisidores, no estuviera completamente consciente del descontento y de los rumores que se comentaban acerca de la situación de la metrópoli y el virreinato; por ello debió haber sido muy inquietante enterarse de las críticas que se hacían a personas cercanas a él, especialmente a Isidoro Sainz de Alfaro. Pongamos por caso la siguiente denuncia. El 17 de octubre de 1809, la Inquisición recibió una carta enviada por María Josefa, una religiosa del convento de Santa Inés de la ciudad de Puebla, en la que denunciaba al presbítero Miguel Serrano por haberse expresado irrespetuosamente de Pedro Ocón y Sainz de Alfaro, refiriéndose a ellos como “Godoy y Napoleón” respectiva y desdeñosamente.37 Según la denunciante, el eclesiástico iba propagando “que todo en México andaba muy mal, y se pondría peor”, e incluso refirió que Serrano dijo que en la Iglesia todo estaba mal, “pues la misma Iglesia entrega a la Iglesia”, pero que ciertamente las irregularidades y las tensiones en su interior no eran culpa de Lizana, sino de sus allegados (en este sentido, de Sainz de Alfaro), porque el clérigo “inmediatamente dijo que aunque sea muy bueno el S[eño]r Arzobispo, ¿por qué no conviene y dice: no hagas esto ni el otro, pues no ven que es contra mí?”.38

Una vez que se han relatado estos hechos es posible inferir que todas estas circunstancias, todos estos rumores, todos estos peligros y acechanzas invisibles permearon en la mente de un cansado y enfermo Lizana y Beaumont que, aunque consciente de que el tribunal inquisitorial vigilaba y mantenía constante comunicación con él, no confiaba completamente en que las cosas se sosegaran de un día para otro, pues de 1808 a 1809 habían ocurrido, se habían dicho y se decían tantas cosas que prácticamente ya ningún lugar parecía seguro para el arzobispo-virrey, no después del golpe contra Iturrigaray, pues a raíz de este suceso comenzó a manifestarse una fuerte convicción de que el gobernante en turno podría ser despojado violentamente del cargo y, en el peor de los casos, asesinado por alguno de sus mismos allegados. Estas tensiones y percepciones de peligro habían llegado a tal extremo que en 1808, el entonces virrey Garibay estableció “una Junta Consultiva formada por tres oidores que entendiese las causas de infidencia”, que tiempo después, el 21 de septiembre de 1809, el arzobispo-virrey reestructuraría nombrándola Junta de Seguridad y Buen Orden, “estableciendo que quedaban sujetos a su jurisdicción todos los que tratasen de alterar la paz y fidelidad del reino o manifestasen adhesión al partido francés por medio de papeles, conversaciones o murmuraciones sediciosas”.39 Su creación y labor, como se ha visto, no fue nada fortuita: el temor al arribo de los espías franceses cuyas pretensiones eran alterar el orden, y, por otro lado, las constantes manifestaciones del pueblo, especialmente del sector que se sentía agraviado por la deposición de Iturrigaray, de los grupos de poder y de los mismos allegados al gobierno, tuvieron en jaque por un buen rato a aquellos que ostentaron el mando pero, ¿acaso la creación de esta Junta realmente garantizaba la seguridad del gobernante en turno? Cabe preguntarse: si en 1808 quedó demostrado que las corporaciones políticas y del comercio pudieron derrocar a Iturrigaray, ¿qué podía esperar el arzobispo-virrey, quien tampoco llevaba buena relación con dichas corporaciones, si la Junta de Seguridad (despachada por miembros cercanos a la Audiencia) se enteraba de alguna conspiración en su contra? ¿Qué ocurriría si los integrantes de la Junta formaban parte de dicha conspiración? ¿En quién podía confiar realmente Lizana y Beaumont?

De amenazas externas e internas: los primeros reportes sobre la conspiración

El primer registro sobre la conspiración a que hace referencia nuestra fuente principal corresponde al día 4 de agosto de 1809, cuando el arzobispo-virrey Lizana y Beaumont envió una carta al oidor Guillermo de Aguirre en la que le pedía le dijera con toda reserva a qué persona le había expresado que “aunque el arzobispo había tomado posesión del mando de este Reino, las Reales Órdenes eran despachadas por los franceses”.40 En su respuesta del 5 de agosto, el oidor Aguirre negó rotundamente haber oído o referido palabras semejantes, pues según él “el concepto, aunque no las palabras, de que hago memoria, se reducía a que si supuestas algunas inexactitudes de las Reales Órdenes pudiera haber influido la intriga o partido francés, acaso podría haber causado alguna discordia o división de ánimos”. El oidor concluyó su respuesta manifestando su total fidelidad a su Excelencia Ilustrísima.41 Pasados unos meses (el 24 de octubre),42 Lizana y Beaumont envió una carta al gobernador de la mitra, el inquisidor Isidoro Sainz de Alfaro, cuestionándole “si a él había llegado noticia o rumor de cualquier persona que supiera se hallara descontenta con la decisión de que se le hubiera otorgado [a Lizana y Beaumont] el mando superior”.43 Dos días después (el 26 de octubre), Sainz de Alfaro envió al arzobispo-virrey una respuesta por demás intrigante:

Debo decir que en los primeros días que llegaron a esta capital las noticias de estar Vuestra Excelencia nombrado por la Suprema Junta Central para Virrey […] me dijo don Gabriel de Yermo […]: ¡Señor inquisidor!, ¿con que a Vuestra Excelencia lo han nombrado Virrey? Le contesté: parece que sí […]. A que me dijo estas palabras terminantes: pues no es a gusto de todos la separación que la Suprema Junta Central hace del Señor Garibay, especialmente de los oidores y comerciantes, que parece lo llevan muy mal, y es un desaire que la Suprema Junta Central quiere darnos a los que pusimos a Garibay. El pueblo está descontento y los militares no han de llevar a bien q[u]e les mande un Arzobispo, que lo mejor fuera que Su Ilustrísima no admitiera el mando con pretexto de sus enfermedades.44

Aquí es necesario hacer una breve intervención para aclarar el panorama: inicialmente se observa una discusión diplomática entre el recién elegido virrey Lizana y Beaumont con el oidor Aguirre sobre unas palabras peligrosas e inquietantes, pero vayamos por partes. Paginas arriba hice referencia a las fricciones que existían entre los miembros de la Real Audiencia, especialmente el oidor Aguirre, y el arzobispo Lizana y Beaumont, mismas que se agudizaron una vez que la Junta Central en España designó al prelado como sucesor de Pedro Garibay. Sin embargo, a pesar de que el arzobispo-virrey actuó de forma tolerante (vacilante y débil dirían algunos), la suerte de su administración ya estaba echada pues, según Christon I. Archer, un mes después de tomar el mando, Lizana y Beaumont escribió a la Junta Central expresando que por fin la ciudad de México gozaba de paz y estabilidad política, pero que a pesar de ello reconocía la influencia negativa que el partido español ejercía en ciertos sectores de la población que no le eran nada favorables, pues en su opinión estos individuos querían difamarlo y difundir ideas sediciosas.45 Por ejemplo, un rumor esparcido por la ciudad sugería que Lizana había ganado su cargo de virrey con la intriga y ayuda de los franceses.46 ¿Habrá sido esta expresión la que, según la carta de Lizana y Beaumont, mencionó el oidor Aguirre? ¿Fueron estos rumores, asociados al todavía perceptible ambiente de confusión e incertidumbre que cundía en la población, los que generaron y aumentaron la desconfianza del arzobispo-virrey?

Es muy probable que las cartas enviadas por Aguirre obligaran a Lizana y Beaumont a dirigirse a Sainz de Alfaro para que éste le reportara los “dimes y diretes” que se comentaban acerca de su llegada y quehacer en el poder, pues hay que recordar que éste, en sus dos papeles (como dirigente de la mitra y como inquisidor), tenía facilidades para mantenerse bien informado de aquellos asuntos. Sin embargo, como varios autores lo precisan, Sainz de Alfaro no era ciertamente una persona de suma confianza, pues las referencias al periodo del gobierno de Lizana y Beaumont concuerdan en que la presencia e influencia que éste ejerció en el arzobispo-virrey fue en realidad la causante de muchas de las discordias entre Lizana y Beaumont, la Audiencia -Aguirre- y los comerciantes -Yermo. Lucas Alamán, por ejemplo, expresó que todos los malos consejos y providencias arbitrarias y desatinadas que llegó a tomar el arzobispo-virrey fueron por influencia de Sainz de Alfaro, quien “no se limitaba a la dirección de los asuntos eclesiásticos, sino que también intervenía en todos los del gobierno político, y muy poco dispuesto a dividir su poder con nadie, alejó enteramente a los oidores que habían predominado en el virrey anterior”,47 lo que por otro lado demuestra que Sainz de Alfaro manejaba y guardaba para sí mismo información que no compartía con Lizana y Beaumont, probablemente ni siquiera con su colaborador, el inquisidor Bernardo de Prado y Obejero; por lo menos es posible inferirlo. Pero las cosas apenas comenzaban a complicarse.

El 27 de octubre, un día después de obtener la respuesta de Sainz de Alfaro, Lizana recibió una carta escrita por un posadero de nombre José Saldaña, habitante de Tepeaca, en el obispado de Puebla, por la cual se enteró de la llegada al mesón de dos sujetos de apariencia y hablar misterioso. Según la misiva, los sujetos llegaron a hacerle al posadero y a sus domésticos preguntas sospechosas acerca de los habitantes de Puebla, de otros lugares del reino, sus distancias, “disposición de ánimos” y otras tantas particularidades. En la carta el remitente expresaba que la denuncia la realizó presto a su Excelencia Ilustrísima dadas las circunstancias del momento, pues podría resultar en contra suya el silencio de esa presunción.48 Esto entonces justifica la prontitud con que José Saldaña escribió y notificó a Lizana, lo que seguramente, dadas las condiciones en que se vivía y los temores a una algarada, debió ponerlo en alerta y asegurarse de enviar pronto a Puebla a alguien que investigara cuáles eran las pretensiones de aquellos sujetos sospechosos. Es imposible determinar por qué Lizana, aparentemente, no hizo ni lo uno ni lo otro, pero tal pareciera que el destino estaba preparándole una trama por demás curiosa. Y así sucedió. Al día siguiente (28 de octubre), se presentó ante el secretario interino del arzobispo-virrey, Manuel Velázquez de León, doña María Ignacia Rodríguez de Velasco, “la Güera”, para poner al tanto a Lizana sobre una conversación sediciosa que “casualmente oyó” en la casa del oidor Aguirre.49 Según lo narrado por Rodríguez de Velasco, durante esa tertulia tuvo lugar una conversación entre personajes importantes del gobierno, como Francisco Fernández de Córdoba y Zayas, Marqués de San Román, don Joaquín Gutiérrez de los Ríos y el oidor Miguel Bataller, quienes manifestaron su descontento por la política “proteccionista” y preferencial de Lizana hacia los criollos, tal como lo difundió Juan López Cancelada.50 Además de referir las desalentadoras noticias de lo que ocurría en la península dado que los españoles perdían terreno ante los embates de los ejércitos de Napoleón, lo que resultaría perjudicial para la Nueva España, en específico para los negocios de los comerciantes y de los oidores, quienes veían en el gobierno de Lizana y Beaumont una amenaza, pues éste seguramente prestaría atención (como lo hizo en su momento Iturrigaray) a las peticiones de los criollos y daría paso a la emancipación política.51 Siendo las cosas así, pudo ser que efectivamente se pensara que no había más remedio que quitar el poder al arzobispo-virrey, ¿pero de qué forma? Los oidores y demás invitados en ningún momento vislumbraron promover un golpe similar al dado por Yermo en 1808, aunque ciertamente se contaba con los recursos humanos y monetarios para hacerlo; sin embargo, por razones de seguridad debía evitarse algún levantamiento. Pero claro, existían métodos más “limpios”, sencillos y discretos, como el envenenamiento, por ejemplo, tal como lo expresó Gutiérrez de los Ríos. Pero es de singular notoriedad que, en ningún momento, aunque este mismo personaje lo precisó, y aun cuando la prioridad de la denuncia de María Ignacia Rodríguez era la de acusar a Aguirre, fuera éste de la idea de envenenar al arzobispo-virrey. Según la declaración, se habló también del temor con que vivía el gobernante, pues Bataller explicó que Lizana estaba bien custodiado, lo que haría un tanto difícil la misión, por lo que era necesario atraer a su causa (la de los conjurados) a algunos militares y personas cercanas al arzobispo-virrey, entre las cuales se propuso al Marqués de San Juan de Rayas.52

A sabiendas de esta declaración, es probable que Lizana comenzara a recelar de los rumores y otras circunstancias ocurridas y de las que había tenido noticia tiempo atrás. ¿La vida del virrey estaba en peligro? Las situaciones que ocurrieron los siguientes días quizás lo convencieron de ello, pues ese mismo mes de octubre Lizana recibió por boca de gente cercana a él “noticias inquietantes” de lo que sucedía en la plaza mayor de la ciudad de México. Según un oficial apellidado Cubas,53 mientras charlaba en el Portal de Mercaderes “notó que uno tras otro entraban muchos a la casa que está antes del altar del Ecce Homo, […] y conociendo en el traje que todos eran comerciantes, sospechó que en aquellas [casas] se ventilaban las operaciones del gobierno y los medios de trastornarlo”.54 Pero eso sólo fue parte mínima de una inquietud, pues para ratificar esta denuncia Cubas encargó a varios de sus hombres que se apostasen la noche siguiente a tiro para observar si la concurrencia era la misma. Informes posteriores indicaron que desde las 7 hasta las 9 de la noche habían entrado a aquella casa veintidós hombres, pero además el mismo Cubas dijo haber observado

[…] que dos de los concurrentes estaban diciendo “Cañones de Tolsá”, lo cual le llamó infinito la atención porque sabe que este artífice está construyendo la artillería q[u]e el Tribunal de Minería ofreció a Su Majestad.55 Y como los insurgentes quedaron aficionados al ejercicio del cañón por lo mucho que batallaron el mes de septiembre de 1808 con la artillería, le pareció probable que tratasen de sorprender a [Manuel] Tolsá para quitarle aquellas armas los mismos sujetos q[u]e han acopiado tantas.56

Es muy probable que esta declaración, junto con la denuncia realizada por “la Güera”, hubiese provocado una serie de repercusiones públicas, lo que podría sustentarse a partir de las subsecuentes explicaciones que algunos sujetos dieron personalmente a Lizana, y que también fueron entregadas por escrito, en las que se inculparon unos a otros, seguramente para deslindarse. Por ejemplo, entre el 29 y el 30 de octubre, el arzobispo-virrey recibió el testimonio del doctor Antonio Serrano,57 quien expuso que el día anterior había pasado a visitar a don Baltazar Álvarez Ordoño, un capitán de fragata retirado y contador jubilado de las Cajas Reales de Acapulco, que le cuestionó: “¿Con que a vosotros le prometen […] darle cincuenta mil pesos porque le subministre un veneno al Señor Arzobispo-Virrey? […]. Díjele; ¿Quién se lo ha dicho a vosotros? […] Contéstome que el doctor Bayeto”.58 En efecto, durante el curso de los días siguientes Lizana y Beaumont recibió varios testimonios en los que se aseguraba que cierto grupo de españoles planeaba asesinarlo mediante la ingestión de algún veneno que bien podría ser suministrado fácilmente en sus alimentos,59 situación que llevó a uno de los declarantes, el mencionado Bayeto, a sugerirle al arzobispo-virrey que de “entre [las] muchas precauciones que había que tomar Vuestra Excelencia Ilustrísima, una de ellas había de ser que le guisaran en las Capuchinas y mandaran la comida en un cajón debajo de llave, como lo hacía el Excelentísimo Señor Conde de Revillagigedo, y tener mucho cuidado con los entrantes a la cocina del Palacio, especialmente desconocidos, como vendedores de aves, verduras, carbón […]”.60Es imposible saber a ciencia cierta cuáles fueron las reacciones o pensamientos que cruzaron en esos momentos por la mente de Lizana, pero desde luego se puede inferir que el temor a una conspiración le provocó notables dudas, y qué decir cuando de todo ello se hablaba y ocurría a pocas calles de los palacios virreinal y arzobispal o, peor aún, en sus mismos aposentos. Claro está que Lizana no estaba para tomar las cosas a la ligera, pruebas no se necesitaban para restarle importancia a los rumores venidos de la calle o de tertulias, pláticas de café o tabernas, y por ello fue que decidió mantenerse y poner a su guardia en alerta. Por ejemplo, uno de sus subalternos informó lo que ocurría en las calles aledañas a Palacio, lo que da fe del temor que cundía en el espíritu del gobernante: “[…] verifiqué anoche el servicio de patrulla desde las diez de ella hasta después de las dos de la mañana y sólo noté fuera del régimen regular estar abiertas de par en par las puertas de la Casa de Moneda, muy cerca de las once de la noche”.61 Para culminar esta primera serie de denuncias, considero muy iluminadora la de Joseph María de Villaseñor,62 fechada también en 31 de octubre, en la que confirmó la existencia de una intriga en contra del gobierno, pues éste no era visto con agrado por algunas personas, especialmente por los chaquetas,63 cuyos directores “los Señores Marqués de San Román, Aguirre, Bataller, Terán, Yermo y Ríos […] se juntan en casa del Capitán Olarte no sólo con el fin de sindicar las providencias del Gobierno de Vuestra Excelencia Ilustrísima, sino con el de tratar los arbitrios para extinguirlo”.64

Una vez verificados los elementos de la conspiración contra el arzobispo-virrey, los cabecillas y el método o modo en que ésta se llevaría a cabo, ¿qué le quedaba hacer a Lizana y Beaumont? Bien pudo ordenar el arresto de los pretendidos implicados y proceder al proceso judicial para determinar su culpabilidad, pues de no hacerlo su vida peligraría, pero en caso de hacerlo quizá ocurriría lo mismo, ya que los oidores y los comerciantes tenían mucha influencia, recursos y gente a su disposición, y una vez que sus planes se vieran descubiertos no les quedaría más remedio que actuar, sin mencionar desde luego el escándalo que se desencadenaría al saberse de la prisión de una cantidad considerable de personajes de tan relevantes cargos. ¿Qué opciones le quedaban entonces al arzobispo-virrey? Quizá Lizana y Beaumont no se sorprendió de que el oidor Aguirre fuese señalado como uno de los implicados en la conjura, incluso que él fuese quien la encabezara, debido a sus conocidos roces con el arzobispo-virrey. Aun así, el prelado no dejó de lado su justo proceder como gobernante y por ello consideró que lo más conveniente, antes de hacer una acusación formal que lo podría llevar a cometer un grave error, sería neutralizar a Aguirre y dejarlo fuera del juego mientras desmenuzaba la intriga, pero ¿cómo hacerlo sin levantar alguna sospecha que generase un tumulto entre los partidarios del oidor?

Una muy oportuna comisión

Enterado de las proyectos que se maquinaban para asesinarlo, Lizana y Beaumont decidió no perder más tiempo, y ese mismo 31 de octubre envió una carta al indiciado principal, el oidor Guillermo de Aguirre, en la que le reiteraba un encargo que debía ejecutar personalmente.65 ¿De qué se trataba ese encargo? Recapitulemos: días antes (el 27 de octubre), el arzobispo-virrey tuvo noticia por medio de un tal José Saldaña de la llegada a su posada en Tepeaca, Puebla, de un par de sujetos que por su apariencia e imprudentes conversaciones fundaron recelo en el posadero y su familia, lo que lo obligó a informarle de inmediato a Lizana, pues supuso que se trataba de espías de Napoleón.66 No pudiéndolo interpretar de otro modo me atrevería a asegurar que esta contingencia resultó sumamente beneficiosa para Lizana, pues ese 31 de octubre (“cuatro días después” de haber sido informado del arribo de los extraños y las posteriores denuncias del supuesto complot en su contra) decidió enviar a Aguirre a Puebla como comisionado para investigar quiénes eran aquellos sujetos sospechosos.67 En su carta, Lizana deseó a Aguirre el feliz éxito de la comisión que además, para su pronta y buena realización, contaría con los auxilios del intendente de Puebla, que en esos días era don Manuel de Flon, conde de la Cadena, que ya estaba al tanto de la situación.68 Como mencioné, es muy probable que el arzobispo-virrey y el oidor hubiesen tenido una conversación anterior a la entrega de la carta en que se le asignaba la comisión a Aguirre, lo que él mismo confirmó en su respuesta a Lizana y Beaumont el 1o de noviembre, en la que Aguirre aparentemente no mostró objeción alguna sobre su salida de México; sin embargo, sí decidió posponerla para el día siguiente a causa del arreglo de los papeles de las numerosas comisiones que tenía a su cargo, y “la ocurrencia de ser hoy día festivo” pues era vísperas de los fieles difuntos.69

A la mañana siguiente (2 de noviembre), Lizana envió una carta a los señores regentes y oidores en la que les informó, de manera por demás escueta, la razón de la salida de Aguirre a la ciudad de Puebla.70 Así también envió otra a Aguirre pidiendo que le informara de los resultados de su comisión, ordenándole además permanecer en esa ciudad hasta que Lizana lo dispusiera.71 Por su parte, el 6 de noviembre, la Real Audiencia se dio por enterada y entendida de la comisión y destino del oidor sin exteriorizar interpelaciones,72 aparentemente, pues horas más tarde Lizana se enteró por medio de un tal Juan Manuel Pliesgo, quien conversando con el doctor Rafael Sagaz,73 éste comentó que el día anterior (5 de noviembre) se había entrevistado con José Antonio Camblor, superintendente de la Casa de Moneda,74 quien le inquirió a Sagaz: “¿qué dice […] de la disposición del Arzobispo de sacar de aquí al ministro más sabio y más íntegro […] de la Audiencia? Pero infeliz de él [Lizana y Beaumont] si no lo hace volver al instante”.75 Aunque la respuesta de la Real Audiencia y la denuncia de Pliesgo se dieron cuatro días después de la notificación hecha por Lizana y Beaumont, es interesante observar cómo el clima de recelo se había cernido poco a poco en los círculos personales del arzobispo-virrey, de los oidores y aparentemente de la ciudad, ya que el arzobispo-virrey tuvo noticia de que

[…] en el [...] Parián se forma[n] todos los días [...] unas numerosas tertulias en donde se habla con la mayor desvergüenza contra el gobierno de Vuestra Excelencia Ilustrísima, le motejan y ridiculizan sus providencias y se le levantan calumnias atroces […]. En las casas de don Gabriel [de] Yermo se han listado y puesto de acuerdo todos los que concurrieron a la facción contra el Excelentísimo Señor Iturrigaray y ahí en otras partes diferentes hay juntas nocturnas y un formidable acopio de pólvora, balas y armas de todas clases.76

Mientras estas circunstancias acontecían en la ciudad de México, en Puebla, el gobernador Manuel de Flon recibía al oidor Aguirre, quien hizo reparo en la situación de su llegada a ese lugar. Ambos le escribieron a Lizana, sólo que Aguirre lo hizo notablemente molesto: “Malo salí ayer de México, malo he caminado y malo me hallo en esta ciudad donde llegué hoy a las diez y estando a las once tratando con el Señor Intendente […] y puso en mis manos el superior oficio de Vuestra Excelencia de 2 del corriente de cuyo contenido queda enterado”.77 Si a Aguirre le resultaba infortunado su arribo a Puebla, a Lizana y Beaumont no parecía irle mejor, ya que la situación en la capital se tornaba más abrumadora a cada momento, sobre todo cuando el arzobispo-virrey se dio por enterado de que el teniente Joaquín de Haro había recibido un anónimo en que se le hizo saber que el pasado 30 de octubre (día en que el prelado comenzó a recibir las primeras denuncias) la facción armada de los comerciantes había pretendido tomar por asalto el palacio virreinal.78 Aparentemente esta última denuncia fue para Lizana y Beaumont la gota que derramó el vaso, pues ese mismo 3 de noviembre se dio orden a la guardia del palacio de que debía

[…] aumentarse su fuerza con dos cabos y ocho soldados para que con éstos y la fuerza total de la guardia mantengan cada dos horas una patrulla […] empezando a las diez de la noche hasta el amanecer; patrullando únicamente el portal de las flores, diputación y ambos de los mercaderes [...]. El objeto de esta patrulla será el reconocer y aprehender todo individuo que [se] encuentre en los portales, ya sea detenido o en camino llevando fusil, escopeta, o carabina, impedirá toda reunión de hombres cuyo número pase de seis individuos desde las once de la noche en adelante […].
Si observase que de alguna casa de ambos portales salen muchos hombres desde las once de la noche en adelante sean decentes o de mediano porte, les dará el quién vive y los detendrá para ser reconocidos, y si intentaren la fuga, prenderá el mayor número que pudiere y conducirá a la guardia del vivac, tomando el número de la casa de donde hubiesen salido.
Siempre que el oficial de la guardia del vivac tuviese aviso por la patrulla de sus granaderos o por la de los dragones, de reunión de muchas personas armadas en los portales o plaza mayor, acudirá con toda su guardia a reconocerlas y aprehenderlas […].
La guardia del arzobispo y Casa de Moneda no abrirán las puertas principales de la calle aun cuando oigan tiros de fusil o de cañón durante la noche [...].79

En estas medidas precautorias pueden observarse algunas de las circunstancias que en las denuncias se le habían venido haciendo al arzobispo-virrey: 1) la entrada y salida de numerosas personas de casas cercanas al Portal de Mercaderes; 2) la presencia de hombres sospechosos y armados, todos ellos vinculados al comercio; 3) pláticas sediciosas que se realizaban en el Parián y otros rumbos como la casa de la Profesa, y 4) el curioso hecho de que a altas horas de la noche las puertas de la Casa de Moneda, donde fungía el denunciado Marqués de San Román, se encontraran abiertas. El peligro, real o no, era latente; los rumores y las denuncias acabaron por debilitar e influir en el espíritu de Lizana y Beaumont, provocando con esas medidas de seguridad conmoción y zozobra en los habitantes de la ciudad de México y de otras regiones de la Nueva España, tal como lo refirió Alamán.80 Con todo y esas complicaciones, Lizana y Beaumont aún tenía que resolver el asunto de las acusaciones hechas contra el oidor Aguirre, pero la pregunta era: ¿quién podría llevar a cabo tan importante investigación? Tratándose evidentemente de un caso de infidencia, correspondía a la jurisdicción de la Junta de Seguridad y Buen Orden practicar las indagatorias necesarias; sin embargo, es posible que desde un principio Lizana y Beaumont no hubiese querido acudir a ella. ¿Por qué? Supongo que la causa contra Aguirre era muy delicada y sus averiguaciones debían resolverse de la forma más discreta posible, pero, además, es probable que el arzobispo-virrey desconfiara de los integrantes de la Junta, ya que muchos de ellos eran allegados al oidor, además de que algunos estuvieron relacionados con el golpe contra Iturrigaray, lo que quizá acrecentaría más la problemática. Fue por ello que Lizana y Beaumont acudió al Tribunal del Santo Oficio, no sólo por considerarlo leal y fiel a su investidura y persona, sino también porque poseían los medios, la capacidad y la más absoluta discreción para llevar a cabo la averiguación sobre la conjura. Dejaré para más adelante esta importante parte de la historia, volviendo por ahora la vista de la ciudad de México a la ciudad de Puebla.

Habían pasado seis días desde que el oidor Aguirre había sido enviado a Puebla para realizar la comisión asignada por Lizana y Beaumont, la que hizo, aunque no de muy buena gana y con resultados desfavorables, pues al poco tiempo envió una carta al arzobispo-virrey en que le señaló “que tanto la denuncia, el denunciante y los denunciados habían sido todos una gran mentira”, pues según el oidor, a su llegada a Tepeaca cuestionó a algunos de los vecinos de ese pueblo que le dieron noticia de no conocer o saber del tal José Saldaña.81 Sin duda, Lizana y Beaumont debió sentirse inconforme con esas resoluciones, pues a su juicio podía “ser efectivamente supuesto el aviso, aunque yo no alcanzo el motivo de la suposición. Pero también puede ser o que el Subdelegado no practicara bien la diligencia, o que el autor del papel haya querido ocultar su nombre y el del lugar por temor de alguna resulta, sin que sea falsa en lo principal la noticia que comunica”.82 Sin embargo, con todo y esas irregularidades el prelado, sin mencionar la razón, decidió dar por terminada la comisión de Aguirre, notificándole que podía disponer su regreso a la capital cuando le pareciera conveniente, contando con los servicios del intendente Flon para que le otorgase una escolta que lo mantuviera seguro durante su viaje. Por otra parte, ese mismo día Lizana y Beaumont le envió una carta a Flon, en la que informaba de los resultados obtenidos por Aguirre una vez concluida su comisión. La lectura del documento evidencia la desconfianza que el arzobispo-virrey tuvo de las conclusiones del oidor, pues le parecía muy sospechoso que Aguirre no hubiera encontrado o sabido nada del tal José Saldaña; por lo tanto, una vez que hubo pedido a Flon que auxiliase a Aguirre para su regreso a la capital, también le rogó que continuase con las indagaciones del caso.83 En su respuesta, Flon se comprometió a continuar con dicha comisión, pero también le manifestó a Lizana y Beaumont, a semejanza de Aguirre, que en toda la jurisdicción de Tepeaca no se conocía a ningún sujeto de nombre José Saldaña, aunque no contradecía la teoría del mal desempeño del oidor en el asunto.84 Como vemos, tanto las circunstancias como el proceder de las autoridades involucradas parecieron haber sido ineficaces, pues no se halló a ningún sospechoso, ni siquiera al denunciante, y Aguirre regresó tranquilamente a la ciudad de México, donde fue recibido por sus cofrades con pompa y fanfarrias, y posteriormente las acusaciones concebidas en contra del oidor acerca de su participación en el atentado fueron prescritas, lo que significó un golpe duro para Lizana y Beaumont.85

¿Qué fue lo que realmente ocurrió desde el momento en que Lizana tuvo noticia de la conspiración? ¿Realmente los oidores y los comerciantes planearon asesinarlo? Evidentemente las noticias, los ruidos, los rumores y las desazones concebidas por los hechos de septiembre de 1808, aunque dispersos, se habían conjugado en una única especulación: existía una amenaza contra el gobierno de Lizana y Beaumont, tal como en su momento lo vivió el virrey Pedro Garibay. Sin embargo, bien cabría realizar un replanteamiento de todos los hechos que dieron pie a esas especulaciones, pues finalmente la forma en que éstos fueron dándose son a primera vista inciertos. Por otro lado, ¿no es un tanto sugerente el hecho de que en la fecha en que fue denunciada la conspiración también apareciera una noticia no muy fundamentada en la que el denunciante y el denunciado terminaron siendo inexistentes? Si la noticia venida de Puebla era verdad, ¿por qué después de recibir Lizana y Beaumont la carta de Aguirre, en la que refirió la inexistencia del denunciante y del denunciado, le permitió sin gran objeción su regreso? ¿Fue realmente la presión de los oidores la que obligó a Lizana a permitirle el regreso a Aguirre a la ciudad de México, tal como lo supusieron en su momento Alamán, Bustamante y Mora? ¿Cómo y cuáles fueron las resoluciones del asunto? ¿Cuál fue la labor del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición ante este angustioso percance?

Las indagatorias del santo oficio

La mañana del 4 de noviembre, el inquisidor decano Bernardo de Prado y Obejero recibió una carta del arzobispo-virrey en la que le expuso las denuncias y acontecimientos que se habían venido sucediendo desde el 31 de octubre hasta el 3 de noviembre, y que a causa de hallarse rodeado de vastas y delicadas atenciones que le impedían averiguar personalmente sobre las mismas le encargaba se hiciera cargo de realizar las pesquisas correspondientes.86 Ese mismo día, por la tarde, el inquisidor Prado y Obejero le respondió a Lizana manifestándole la gratitud y honra con que aceptaba estudiar el caso: “conozco su expresión, su dificultad y mi cortedad para desempeñarla, pero por la Patria, la Religión y la pública tranquilidad solamente puedo admitirla”.87 Para el 6 de noviembre el inquisidor Prado y Obejero, quien había leído ya las denuncias escritas que Lizana le había anexado en la misiva enviada el día 4, le comunicó las medidas que tomaría para llevar a cabo su pesquisa, estimando que el intento de asesinato contra el arzobispo-virrey era un delito cuya magnitud merecía la pena de muerte; sin embargo, Lizana y Beaumont, en su calidad de arzobispo, no podía autorizar una ejecución sin violar los preceptos sagrados de su investidura, de ahí la razón por la que tomó la decisión de enviar la comisión al Santo Oficio de la Inquisición para que sus ministros pudieran examinarla con detenimiento y detalle, pero sobre todo discreción, por medio de su política del secreto, y realizar una investigación que bien pudiera desmentir las denuncias o ratificarlas, hallar a los responsables y castigarlos conforme a los estatutos del Tribunal. Finalmente, Prado le hizo entender a Lizana y Beaumont que cualquiera que fuese el resultado el prelado debía mantenerse tranquilo, pues se procedería con total justicia contra un delito por demás aborrecible.88 Desafortunadamente, hasta esta parte, no he logrado encontrar otros documentos que detallen cuáles fueron las indagatorias que realizó la Inquisición desde esos últimos meses de 1809 hasta su resolución final en marzo de 1810, salvo los que componen este excepcional documento. Sin embargo, he tratado en la medida de lo posible solventar los obstáculos y llenar dichas lagunas.

Nuestra fuente documental salta temporalmente, y de manera abrupta, desde la última carta enviada al arzobispo-virrey por Guillermo de Aguirre (12 de noviembre de 1809) hasta el día 18 de diciembre, fecha en que el oidor, enterado de las diligencias que se hacían en su contra, envió una solicitud de audiencia para que dicha causa se siguiera “conforme a su naturaleza y por el orden establecido”, según nos consta por una carta de Lizana y Beaumont enviada al inquisidor Prado y Obejero, preguntándole cuál debía ser la contestación que debía dar el arzobispo-virrey al ministro sobre el tema.89 La respuesta de Prado y Obejero (fechada el 19 de diciembre) fue que el oidor Aguirre debía entendérselas con el Tribunal del Santo Oficio.90 Con esa respuesta sobria y contundente culminaba el asunto relativo al difícil año de 1809, iniciando el no menos crítico 1810, el día 18 de enero, cuando el todavía virrey Lizana y Beaumont dirigió otra carta al inquisidor Prado y Obejero, solicitándole la pronta conclusión del caso que se ha venido tratando. En la misiva le explicaba que en razón de la cercana salida del navío Asia, que se encontraba en Veracruz y cuyo destino era España, en él debían ser llevadas las resultas de la “causa reservadísima” que había instruido el prelado al inquisidor, por lo que le pedía de la manera más atenta se sirviera de todos los medios conducentes para que se efectuara la terminación de la causa lo más pronto posible.91 Respecto a esto, el inquisidor Prado y Obejero certificó de nueva cuenta, pues ya antes había enviado una carta el día 11 de enero al arzobispo-virrey, que las denuncias eran falsas, ya que le había parecido muy curioso que la idea de un atentado que se suponía oculto hubiera sido descubierto por “la casualidad fingida de la denuncia hecha por María Ignacia Rodríguez de Velasco”.

También el inquisidor agradeció el gesto del prelado por haberlo hecho partícipe de la causa, pues debido a la magnitud de los hechos y personas denunciadas era necesario encomendarle, con toda la plenitud de sus facultades, la investigación de la comisión. Desde luego, dicha labor no sería del todo fácil, pues la naturaleza del delito era tan atroz que sin duda tenía anexa la pena de muerte; pena que sin embargo hizo recelar un tanto a Prado y Obejero sobre las obligaciones y consecuencias de su labor como garante y defensor del gobierno y de la Iglesia, lo que lo hizo remitirse al canon 31 del IV Concilio de Toledo, que versaba sobre la obligación de los obispos, en caso de que el soberano lo solicitara, de impartir la justicia, siempre y cuando ésta no tuviese como fin aplicar la pena de muerte;92 así también la cita de la segunda parte de la obra de Diego Covarrubias, Clementinae, Sifuriosus, de homicidio, párrafo 5º, número 8º, en cuyas páginas se asentaban, según el aparato canónigo, las facultades por las que los párrocos podían proceder contra la vida de alguien que pretendiera atentar contra ellos, ya fuera en defensa propia o en nombre de la comunidad.93

La exposición de estas interesantes cláusulas genera dudas respecto a las (in)decisiones que tanto Lizana y Beaumont como Prado de Obejero tomaron respecto a la conspiración, pues a sabiendas de que la tentativa, si es que en realidad la hubo, era de asesinar al representante del poder virreinal y de la Iglesia, su posición como eclesiásticos les impedía ejercer la pena capital contra quienes resultaran culpables, aclarando que tales reglamentaciones hacían referencia a juicios contra clérigos, de los que según puede apreciarse, alguno estuvo involucrado en la susodicha conspiración.94 Esta circunstancia, según lo comentó el inquisidor, le resultaba inconveniente y casi hizo que se negara a llevar a cabo la comisión. Sin embargo, la importancia de resolverla y sobre todo la gravedad del asunto lo instaron a meditar y a asegurar que no existía “ninguna mano más a propósito para conseguir este fin que la del S[an]to Oficio, sin duda el más expedito para inquirir, aunq[u]e el menos a propósito para castigar esta especie de delitos”.95

Continuando con su discurso, el inquisidor Prado y Obejero reiteró que la denuncia hecha por Rodríguez de Velasco había sido una falsedad que era demostrable más allá de las evidencias obtenidas por el ministro y sus comisionados, y que las dudas que había generado dicha acusación habían salvado el honor del oidor Guillermo de Aguirre, de quien aseguró tenía intachable conducta, conocerlo personalmente y que, por tanto, no debía ponerse en duda su dignidad y lealtad por ser éste consultor del Santo Oficio, dándose el veredicto de su completa inocencia.96 Finalmente, el inquisidor agradeció de nueva cuenta que el arzobispo-virrey lo hubiese puesto a cargo de tan honorable e importante comisión, disculpándose y pidiendo que lo excusara ante la Suprema Junta Central en “caso de que durante sus averiguaciones se hubiera excedido en sus facultades”, y en caso de haberlo hecho, éstas se justificaban por efecto del amor al rey y a la patria, “y q[u]e el éxito feliz en el descubrimiento de la verdad, disculpa cualquiera error, y deba llenar de satisfacción a los interesados”.97 ¿De qué se estaba disculpando Prado y Obejero? ¿Qué ocurrió durante el transcurso de sus indagatorias? ¿Quiénes de los implicados fueron llamados a testificar ante el Santo Oficio? ¿De qué modo el inquisidor “se excedió” en sus facultades? No es posible determinarlo, sin embargo, la alusión a María Ignacia Rodríguez de Velasco, “la Güera”, podría conducirnos por otro cauce dentro de este de gran arroyo de intrigas.

Entre la verdad y la ficción: ¿“La güera” rodríguez ante la inquisición?

En 1949 el novelista y cronista Artemio de Valle-Arizpe publicó una de sus obras más famosas, La Güera Rodríguez. En ella (basada en los testimonios y crónicas de personas ilustres como Madame Calderón de la Barca, Pedro Romero de Terreros, entre otros; a la par de haber consultado y utilizado documentación obtenida del Archivo General de la Nación) el autor relató novelescamente la historia y ciertas anécdotas de “la Güera” que terminaron por convertirla en una de las mujeres más influyentes de los últimos años del virreinato de la Nueva España y de los primeros del México independiente; influencia que subsistió a su muerte, acaecida en 1850. Su belleza, su carácter altivo, fresco y desafiante, según la perspectiva del cronista, fueron tales que llegó a hacerle frente a la autoridad más temida de su época, la Inquisición, de la que se conoce una anécdota muy interesante que ha sido popularmente tomada como verdad. Según Valle-Arizpe, en cierto momento del año 1810 (supongo que la situación ocurrió entre los meses de septiembre y octubre), “la Güera” Rodríguez acudió al Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, debido a que fue denunciada por tener vínculos con el rebelde cura Miguel Hidalgo y Costilla, y financiar su movimiento insurrecto. La mujer, sin amedrentarse, se apersonó, “más campante que nunca, con el rostro muy arrebolado y compuestos los risos”, frente a los inquisidores, que no eran para la “Güera” “sino vientos y espantajos de niños y de bestias asustadizas”.98 Valle-Arizpe refirió también que ante las amenazas de los inquisidores de sancionar a “la Güera” por los delitos que se le atribuían, ésta diligentemente se levantó y sin inmutarse “bien claro les descubrió sus grandes secretos […] y, con toda frescura, les empezó a quitar el embozo a sus encubiertos. En los tres graves varones puso, sin reparo, la graciosa y pervertida malignidad de su lengua, que les encendió los rostros como si les hubiesen arrimado una roja bengala”.99 Tras esa insolente afrenta, el arzobispo-virrey Lizana decidió desterrarla a la ciudad de Querétaro, destierro que en realidad duró breve tiempo.100

Para comprender la vinculación de esta visión novelesca con nuestra interpretación histórica, es preciso hacer hincapié en las inconsistencias temporales y documentales que plantea la obra de Valle-Arizpe.101 Primeramente, el cronista mencionó que “la Güera” fue acusada por simpatizar abiertamente con Hidalgo, sin embargo, no se podría asegurar si en verdad hubo una relación directa entre ella y el párroco de Dolores, pero como se detallará más adelante, Rodríguez de Velasco conoció y seguramente frecuentó a Ignacio Allende. Por otro lado, está la anotación de que Rodríguez de Velasco fue denunciada por un tal Juan Garrido, por financiar el movimiento rebelde que se estaba gestando y que estallaría durante el mes de octubre en Querétaro o en Guanajuato, datos que el autor recogió de la obra de Luis Castillo Ledón.102 Posteriormente, cuando ya había estallado la rebelión en Dolores, la mujer fue citada a la “temible casa de la esquina chata” para responder a los cargos.103 Finalmente no hay que pasar de largo que los sucesos citados por el autor tienen como marco temporal el mes de septiembre de 1810, fecha en la que, por cierto, Francisco Xavier de Lizana y Beaumont ya no era el virrey, sino Francisco Xavier Venegas.104 En contraposición de este argumento novelesco, lo que a continuación se expone, basado en nuestro expediente inquisitorial, es lo que pudo realmente haber ocurrido: después de haber dado los resultados de la comisión asignada por el arzobispo-virrey, en la que el inquisidor Prado y Obejero dictaminó como falsa la denuncia de la conspiración y la acusación que pesaba contra el oidor Aguirre de ser éste el que maquinaba la misma, se señaló a doña María Rodríguez de Velasco como calumniosa e intrigante (20 de enero).105 Al tener a la vista los resultados de la averiguación, Lizana y Beaumont se limitó a dar las gracias al inquisidor por tan noble y patriótico gesto, ordenando momentos después que “la Güera” Rodríguez saliera lo más pronto posible para la ciudad de Querétaro (9 de marzo).106 Esta precipitada orden se debió a que Lizana y Beaumont consideró que el oidor Aguirre se vengaría de “la Güera” por haberlo injuriado, y siendo esta mujer una de las personas a quien el arzobispo-virrey tenía mucho aprecio, decidió “expulsarla” a una finca, propiedad de Rodríguez de Velasco, en Querétaro, para mantenerla a salvo en lo que se apaciguaban las cosas en la capital.107

Ante esta evidencia, parece que la “historia” del enfrentamiento de “la Güera” con la Inquisición y la supuesta sentencia que conllevó su destierro ha sido desmantelada. Es muy probable que la confrontación entre Rodríguez de Velasco y los inquisidores no hubiese ocurrido, cuando menos no en la forma como la expuso Valle-Arizpe, pues hasta el momento no he logrado ubicar ningún documento en el archivo que sustente la comparecencia de la “Güera” ante los inquisidores, aunque es viable pensar que éstos, si es que fueron “evidenciados” por Rodríguez de Velasco, hubieran decidido no conservar tal declaración, y en caso de que verdaderamente se hubiese llevado a cabo, es posible que con el paso del tiempo la esencia de su historia se hubiese tergiversado, enraizándose como una leyenda en la memoria colectiva, como un invento que funcionaría para restarle crédito al tribunal inquisitorial y demás instituciones nacidas durante la colonia, como parte de su conocida y aún vigente “leyenda negra,” y por ello Valle-Arizpe vinculó el caso con los eventos de la epopeya independiente, denostando al Tribunal como la arquetípica institución represora de los héroes nacionales y sus ideales de libertad.108 Cabe decir que una vez que Rodríguez de Velasco se instaló en su finca de Querétaro tuvo a bien despachar varias cartas al arzobispo-virrey en las que lastimosamente se quejaba del innoble proceder en su contra, suplicándole a Lizana y Beaumont que le permitiese regresar a la ciudad debido a que se encontraba en mal estado de salud y que el ambiente de aquel lugar no era propicio para su recuperación, además de suplicarle piedad por sus “cinco hijos inocentes, pequeñitos y sin padre que no tienen más arrimo que la vida de esta madre desventurada que al cabo les dejará patrimonio de lágrimas y tormentos en la orfandad que les espera”.109 Pero Lizana y Beaumont se mostró renuente a las peticiones de Rodríguez de Velasco, ya que no le parecía prudente que regresara a la ciudad de México, por lo menos no en ese momento, pero le autorizó, para su comodidad y sanación, que eligiera el lugar “que acomode a su constitución con tal que sea a la distancia prevenida”.110 Pero todavía quedan algunas preguntas por resolver, como por ejemplo la de explicar cuáles fueron los motivos que incitaron a “la Güera” a dar a Lizana y Beaumont una noticia tan arriesgada como la de la preparación de un plan para asesinarlo, teniendo siempre en consideración que los detalles expuestos por la cortesana no estaban de más, pues la pretendida conspiración tenía por orquestadores a varios de los españoles más importantes e influyentes de la política novohispana. ¿Cuáles fueron las razones que incitaron a “la Güera” a hacer esa denuncia? ¿Verdaderamente había escuchado esa “conversación sediciosa” o acaso todo fue invento suyo? Y en caso de ser cierta, ¿existía algún interés más allá de la amistad y fidelidad hacia al arzobispo-virrey para arriesgarse a enunciar una acusación tan grave contra el influyente oidor Aguirre? Como se dijo, esta historia todavía tiene mucho que aportar.

Desde mediados de 1809, en la ciudad de Valladolid de Michoacán, se estaba fraguando una conspiración que tenía como finalidad proceder contra el régimen ilegítimo impuesto en España por Napoleón mediante la conformación de una Junta de Gobierno (criolla) que rigiese en representación del ausente Fernando VII, idea no muy lejana a las tentativas soberanas y autonomistas expuestas por los representantes del Ayuntamiento de la ciudad de México en 1808, lo que implicaba el llamamiento a la defensa de Nueva España en caso de una intervención extranjera e incluso de la total independencia respecto a España. La conjura tuvo entre sus cabecillas a José Mariano Michelena, teniente del regimiento de infantería de Valladolid, el también militar José María Obeso, y el fraile franciscano Vicente de Santa María, a la par de la colaboración de otros importantes miembros de la vida política, social, religiosa y militar de Valladolid y otras regiones del Bajío, entre los que presuntamente se encontraban Ignacio Allende y Mariano Abasolo.111 Según parece, los conspiradores discurrieron que el gobierno del arzobispo-virrey era el momento ideal para llevar a cabo los propósitos de la conjura, en razón de los constantes rumores sobre la factible entrega de Nueva España a los franceses por parte de los españoles, tal como lo (suponían) habían hecho en España. Aparentemente la postura conciliatoria de Lizana y Beaumont no generó confianza en algunos sectores del partido criollo, pues conjeturaban que el gobernante era débil y no presentaría la menor resistencia a los franceses, aunado a la sospecha de que el arzobispo-virrey había estado involucrado en la deposición de Iturrigaray y la reclusión de los representantes del Ayuntamiento, uno de los cuales fue hallado muerto en las cárceles del arzobispado.112 A decir de Michelena durante su interrogatorio, los rumores sobre un intento de asesinato contra el arzobispo-virrey, evidenciados en la fuerte guardia que protegía el palacio virreinal, las noticias acerca de las victorias de los ejércitos de Napoleón en España, y el recelo de que los “gachupines” confabulaban con los franceses para entregarles la Nueva España, acrecentaron los temores y la motivación de los conjurados en Valladolid.113 Por su parte, en octubre de 1809, estando en Querétaro, Ignacio Allende tuvo noticia de ciertas reuniones que se realizaban en casa del comerciante Gabriel de Yermo, en las que supuestamente éste, en contubernio con el oidor Guillermo de Aguirre, planeaba “entregar el Reino a los Franceses, lo que tenía muy indignado al Pueblo contra ellos”.114 Frente a estas noticias se podría conjeturar que los conspiradores de Valladolid se aprestaron a echar mano de una carta valiosa y ponerla en juego, y para llevarlo a cabo pidieron a “la Güera” Rodríguez que se acercara a Lizana para decirle que se planeaba un atentado en su contra, en el que los mencionados Yermo y Aguirre estaban implicados, situación que seguramente serviría como distracción para que en Valladolid continuaran los planes de la conjura, que debía estallar, según lo dispuesto, en diciembre de ese año.115 Esta interpretación no es nada fortuita ni descabellada, sobre todo si se echa un vistazo a las declaraciones expresadas por el propio Allende durante su cautiverio en 1811, en las que confirmó la infiltración de un grupo conspirativo en los círculos del poder virreinal, y el juego de rumores que se aprestaron a mover para crear distracción y desconcierto entre las autoridades españolas:

[…] la coalición oculta de insurgentes, que ya tenía entonces mucho cuerpo, les levantó esta calumnia, igualmente que a todos los demás Gachupines: y con ello fascinó una gran parte del Pueblo Americano: y lo que es más, al Reverendo Arzobispo Lizana, que era entonces Virrey, y a su director y primo el inquisidor [Isidoro Sainz de] Alfaro, a quien manejó a su grado esta coalición, lisonjeándole sus pasiones por medio de la astuta y famosa cortesana la Güera Rodríguez, y de otros agentes que lo seducían por medios diferentes, haciéndole cometer los mayores desaciertos, como fue el de decidirse notoriamente y hacer que se decidiese el Arzobispo, enemigo de los Gachupines y factores de los insurgentes […].116

Aunque Lizana y Beaumont no pudo acreditar la relación entre los conspiradores de Valladolid con María Ignacia Rodríguez de Velasco e Ignacio Allende, sí sospechó que este último tuvo cierta injerencia en dichas tertulias y en los rumores que motivaron la idea de la conspiración contra el prelado. Pongamos por caso que entre los meses de enero y febrero de 1810, Ignacio Allende viajó a la ciudad de México para entrevistarse precisamente con el todavía arzobispo-virrey, quien lo mandó llamar para informarle que había oído que Allende andaba diciendo “a algunas gentes que estuviesen prontas para defender la patria, porque se decía que este reino se iba a entregar a los Franceses”. Allende aceptó que efectivamente había referido tales palabras, y que sus temores estaban fundamentados por ciertas circunstancias que había vivido y algunos rumores que había escuchado en ciertos lugares, a lo que Lizana le replicó: “¿Me cree usted, pues, capaz de hacerlo?”. Allende le contestó que no, pero “como también se decía que se trataba de sorprender a Su Excelencia, lo mismo que al Señor Iturrigaray, quedaba en pie la sospecha de la entrega”.117 Lizana, quizá dudando, concluyó bruscamente la breve entrevista, señalándole a Allende que no había hecho bien, “ni está en lo justo al decir esas cosas”. Finalmente, una vez concluido aquel bochornoso asunto, Lizana y Beaumont intentó conservar las apariencias para no despertar desconfianzas, más allá de las probadas, y evitar la algarabía entre los habitantes de la capital y de otras regiones; por ello las precauciones y sobre todo las condenas decretadas a los acusados de la conspiración de Valladolid fueron mínimas y flexibles, tan así que el 23 de enero de 1810, un mes después de que fueron arrestados los conjurados, Lizana y Beaumont, mediante una proclama, pormenorizó los eventos que ya se comentaban en las calles, tachándolos de rumores divulgados por ciertos truhanes que aspiraban a confundir a los vasallos, a quienes manifestó:

[…] en el tiempo de mi gobierno en este virreinato, ni en la capital, ni en Valladolid, ni en Querétaro, ni en otro pueblo, en que ha habido algunos leves acaecimientos y rumores de desavenencias privadas he encontrado el carácter de la malignidad que los poco instruidos han querido darles; pues ellos no han nacido de otro origen que o la mala inteligencia de algunas opiniones relativas al éxito de los sucesos de España, o de falsas imposturas en que se ha desahogado el resentimiento personal.118

Pero Lizana y Beaumont no engañaba a nadie, pues tanto sus advertencias como los chismes que se decían entre el pueblo acerca de la debilidad y entreguismo del gobierno español para los franceses, y que incitaron a la conspiración en Valladolid, aumentaron las tensiones y los temores a una inminente invasión; cuando menos eso lo dejó claro, ese mismo mes de enero, Luis Bringier, un francoamericano, prisionero de la Real Cárcel de Corte, “manifestando que se verificaría […] un plan que se ha trabajado mucho tiempo, [y] ha indicado que [Napoleón] se coronaría; y anunciando que para el próximo mayo habría aquí una invasión”.119 Si bien el gobierno del endeble arzobispo tocó a su fin en mayo, una vez que la Junta Central sucumbió a la presión y le confirió el mando virreinal a la que se denominaría Real Audiencia Gobernadora (encabezada por Pedro Catani, Guillermo de Aguirre y Tomás González Calderón), las discordias violentas, exhibidas por los miembros de dichos institutos, habían acrecentado la desconfianza de muchos habitantes de la Nueva España, quienes se encontraban entre la espada y la pared, ya que o debían seguir los llamados a la paz y a la unidad, concebidos por un gobierno cuyos representantes se esforzaron en hacer todo lo contrario; o debían tomar medidas urgentes, que no tuviesen relación con las proyectadas por el gobierno, para poder defender al reino de los franceses, aun cuando esto significase un peligro para su integridad personal y posición social. A este respecto se suscitaron dos respuestas contundentes, aunque disímiles: el 13 de septiembre de 1810, por orden del reorganizado Consejo de Regencia de España e Indias, tomó posesión del gobierno virreinal novohispano el militar Francisco Xavier Venegas, de quien se esperaba pusiese en orden aquel escenario de malestares e intrigas que las administraciones anteriores habían incrementado dentro de la población, y evitar con ello que las semillas de la desunión y de la conjura germinasen entre la colectividad. Pero por azares del destino, pocos días después de la llegada de Venegas, el párroco del pueblo de Dolores, en Guanajuato, Miguel Hidalgo, convocó a su grey a levantarse en armas en contra del mal gobierno de los españoles que se habían entregado a los franceses.

Conclusión

Es probable que esta interpretación histórica haya generado más preguntas que respuestas, la historia de una conspiración que fue y no fue al mismo tiempo. ¿Qué ocurrió realmente entre octubre de 1809 y enero de 1810? ¿Realmente los miembros de la Real Audiencia, en contubernio con los comerciantes de la capital, planearon asesinar a Lizana y Beaumont? ¿Se trató en realidad de una, o de varias conspiraciones? Tal parece que todos los rumores y la serie de noticias que se verificaron diariamente durante esos meses, confabularon caprichosamente y, en conjunto, motivaron este curioso y fascinante caso.120 Aunque hemos estado al tanto de la serie de denuncias que se hicieron ante Lizana y Beaumont acerca de un posible atentado contra su persona, ¿fueron todas ellas producto de situaciones fidedignas? Pensémoslo de la siguiente forma: según los resultados de la investigación formada por el Tribunal de la Inquisición, “la Güera” Rodríguez promovió el rumor de que el oidor Aguirre era el cabecilla de “una” conspiración contra Lizana y Beaumont, y aunque nada se pudo comprobar contra el oidor, algo de cierto hubo en esa serie de rumores. En todo caso, “la Güera” pudo aprovechar tal circunstancia para ayudar a que otro grupo conspirador en Valladolid, afín a las ideas de independencia, formalizara sus planes para actuar contra los “entreguistas españoles”. Sí “la Güera” Rodríguez logró sacar partido de todos los rumores, noticias y verdades falseadas para crear una distracción que diera tiempo a sus amigos conspiradores, por qué no pensar que otros denunciantes, al advertirle a Lizana y Beaumont sobre una conspiración contra su persona, solamente buscaron obtener un beneficio propio aprovechándose de la incertidumbre del momento, tal como lo expuso José Manuel Herrera en una llamativa declaración hecha ante los inquisidores a finales de enero y principios de febrero de 1810. Según el declarante, en ocasión de

[…] haber salido de su casa muy noche después de reñir con su esposa; […] estando en la entrada del Puente de Alvarado […] vio a un grupo de hombres que avanzaban hacia él. […] Los hombres se detuvieron cerca de él, y aunque gran parte de su conversación la sostuvieron en un idioma que él no comprendió, los identificó como vascos. Por lo que dijeron en español, Herrera se enteró de que estaban discutiendo dar un golpe de Estado contra Lizana. […] [Los inquisidores,] al principio aceptaron su testimonio, pero después de varios interrogatorios, Herrera admitió que había inventado toda la historia con la esperanza de beneficiarse con la venta de esa información.121
AGI
Archivo General de Indias, Sevilla, España.
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Archivo General de la Nación, Ciudad de México, México.
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Archivo Histórico del Arzobispado de México, México.
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FR/BNM-UNAM
Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional de México, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, México.




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Notas al pie:

1.

fn1Este artículo es resultado de la revisión y corrección de algunos capítulos de mi tesis de licenciatura “La actividad político-religiosa” (ENAH, 2012). Una versión sucinta de esta historia fue publicada en 2014 en la revista Relatos e Historias en México.


2.

fn2Tomado de “Sobre los complots”, p. 130.


3.

fn3Una de las primeras visiones históricas acerca de la “decadencia” del Tribunal fue expuesta por Medina, y retomada subsecuentemente por Pérez-Marchand y Alberro. Véanse Medina, Historia del Tribunal, pp. 476-502; Pérez-Marchand, Dos etapas ideológicas, pp. 57-61; Alberro, “Introducción”, a Inquisición y sociedad en México, pp. 7-18.


4.

fn4Alberro explicó que la función religiosa de la Inquisición, desde su fundación, estuvo supeditada a la política de manera natural, pues “lo político tal como lo concebimos no existe y finalmente todo es político”. Tomado de Alberro, Inquisición y sociedad en México, pp. 152-159.


5.

fn5Entre estos estudios, por su relevancia historiográfica, aparecen los ya citados de Medina, Pérez Marchand, Alberro y Torres Puga.


6.

fn6Tomado de Hamill, “¡Vencer o morir por la patria!”, p. 83.


7.

fn7Entre estos textos podemos situar el de Torres Puga, quien ha criticado la idea de que el Tribunal inquisitorial de la Nueva España se extinguió como consecuencia inmediata de una decadencia que había iniciado siglos atrás. Entre otras cosas, el autor criticó y puso en tela de juicio la discusión historiográfica acerca de las actividades que los ministros inquisitoriales desempeñaron durante los años de 1808 a 1820. Véase Torres Puga, Los últimos años de la Inquisición, 241 pp. Por su parte, Quezada Lara ha destacado la importancia de la actividad judicial en materia de fe ejercida por el arzobispo de México, Antonio de Bergosa y Jordán, poco después de ocurrir la primera supresión del Tribunal de la fe en Nueva España. Véase Quezada Lara, ¿Una Inquisición constitucional?, p. 213.


8.

fn8Si bien las actividades de la Inquisición estaban supeditadas a lo político, la crisis de 1808 y la supresión del Consejo Supremo en España motivaron que los ministros del Tribunal novohispano influyeran notablemente en los asuntos y decisiones propias del gobierno virreinal. Esta circunstancia debe ser entendida como una “politización” del Tribunal, tal como lo refirió Carlos Herrejón Peredo. Véase Herrejón Peredo, “Reseña”, p. 286.


9.

fn9Con la salvedad de Rivera Cambas, “El virrey Francisco J. de Lizana y Beaumont”; el trabajo en conjunto de Bravo Rubio y Pérez Iturbe, “Una Iglesia en busca de su independencia”; Ibarra, “De tareas ingratas y épocas difíciles”, pp. 337-358; Archer, El ejército en el México borbónico, pp. 366-375, y Zárate Miramontes, “Un gobierno precario”. En Ávila et al., Diccionario de la Independencia, no apareció la necesaria referencia a Lizana y Beaumont.


10.

fn10El documento aparece catalogado como AGN, Indiferente virreinal, Inquisición, 1809-1810, c. 4452, exp. 001, Averiguación que hace Bernardo de Prado, Inquisidor decano, contra María Ignacia Rodríguez de Velasco, sobre un atentado al virrey de la Nueva España, 120 fojas. Debo aclarar que las fojas del expediente original se encontraban en desorden, por lo que una vez que tuve una copia del mismo, me dediqué a hacer una nueva numeración basada en las fechas de las cartas. Por otro lado, debido a que el expediente se compone de notas y correspondencia, opté por intitular cada una de ellas para facilitar la lectura, señalando únicamente la foja y dejando en claro que las referencias son a un mismo documento. Finalmente corregí y modernicé la escritura para mejor comprensión.


11.

fn11En estudios contemporáneos el tema de una conspiración contra Lizana y Beaumont, o los rumores sobre ella, fue referido por Anna (1981), Archer (1983), Guedea (1992), e Ibarra (2008); sin embargo, ninguno de ellos lo hizo de manera concreta. Por otro lado, la consulta de los documentos seleccionados por J. E. Hernández y Dávalos, así como la búsqueda en varios archivos me ayudaron a solventar algunas lagunas del documento. Huelga decir que el expediente a que hago referencia fue trabajado previamente en una tesis sobre la vida de María Ignacia Rodríguez de Velasco. Véase Martínez Núñez, “Biografía crítica”.


12.

fn12Alamán, Historia de Méjico, vol. i, pp. 312-313.


13.

fn13Bustamante, Suplemento a la historia, pp. 821-822.


14.

fn14Mora, México y sus revoluciones, t. II, pp. 316-317.


15.

fn15López Cancelada, Sucesos de Nueva España, pp. 111-116.


18.

fn18AGN, Inquisición, 1809, vol. 1436, cuaderno 9, fs. 125-129 y 153-159.


19.

fn19Un estudio importante acerca del gobierno de Garibay está en Zárate Miramontes, “Un gobierno precario”.


20.

fn20AGN, Indiferente virreinal, Bandos, 1809, c. 6666, 1 foja; Bustamante, Suplemento a la historia, p. 819; Gazeta de México (28 oct. 1809), pp. 972-978.


21.

fn21Tomado de Torres Puga, Los últimos años de la Inquisición, pp. 74-76.


22.

fn22AGN, Indiferente virreinal, Clero regular y secular, 1807, c. 4835, exp. 085, 257v. A decir de Rivera Cambas, el nombramiento de Sainz de Alfaro como gobernador de la mitra fue muy mal recibido por algunos miembros del clero. Véase “El virrey Francisco J. de Lizana y Beaumont”, p. 262. También, Turrent, Rito, música y poder, pp. 261-262.


23.

fn23Alamán, Historia de Méjico, vol. i, p. 303; Pérez Memen, El Episcopado y la Independencia, pp. 65-66. El deán y racionero de la iglesia catedral de la ciudad de México tenía como tareas importantes visitar las parroquias y conventos de la capital para exigir cuentas y cuotas de lo que llegaba a sus respectivas arcas; desde luego, entre 1808 y 1809, la situación de España provocó que la recolección y también las visitas diocesanas, que Lizana encargó hacer a Sainz de Alfaro, se realizaran con más continuidad, pues las colectas servirían, entre otras cosas, para la manutención de escuelas, hospitales y capellanías, y como aportaciones monetarias para la sustentación de las tropas españolas que guerreaban contra Francia. Véase AGN, Gobierno virreinal, Impresos oficiales, 1808, contenedor 12, vol. 28, exp. 6, fs. 41-42. Véase también AHAM, Base Colonial, 1808, c. 32CL, foja 293.


24.

fn24AGN, Indiferente virreinal, Clero regular y secular, 1809, c. 4130, exp. 018, 2 fojas.


25.

fn25“Proclama del arzobispo-virrey”, en Hernández y Dávalos, Colección de documentos, t. I, pp. 692-693.


26.

fn26Véase Lizana y Beaumont, Exhortación.


27.

fn27Véase Guedea, En busca de un gobierno alterno, pp. 36-37. Véase también Ibarra, “De tareas ingratas y épocas difíciles”, pp. 345-347; Archer, El ejército en el México Borbónico, p. 369; Navarro García, El Arzobispo Fonte, p. 57.


28.

fn28Véase Terán, “La virgen de Guadalupe contra Napoleón”, pp. 97-102.


29.

fn29Véase AGN, Infidencias, 1809, vol. 128, exp. 8, 3 fojas. Véase también Ávila y Torres Puga, “Retóricas de la xenofobia”, pp. 27-43.


30.

fn30A comienzos del siglo xix se entendía por infidencia el delito cometido por quienes se negaban a reconocer la autoridad absoluta del rey, es decir, se condenaba a las personas por no ser súbditos fieles a su monarca y, por lo tanto, a su autoridad, desempeñada por sus representantes. Véase Zárate Miramontes, “Un gobierno precario”, pp. 43-137.


31.

fn31En la respuesta a una carta de Lizana y Beaumont, el oficial Ignacio Echeverría aseguró que se había dedicado a “observar en los mesones, cafés y fondas, el cumplir exactamente qué clase de personas extranjeras llegan, con qué fines y de dónde vienen; sin embargo […] no he descubierto cosa alguna digna del aprecio de Vuestra Señoría, […]. En consecuencia de esto debo advertir a Vuestra Señoría respecto de la experiencia q[u]e cobré en el año próximo pasado en estos asuntos, […] deberé reflejar que qué casas más a proporción, y mejores q[u]e los cafés, mesones y demás para ocultar a los emisarios, que la[s] de los mismos franceses, habitantes de esta corte, pues con mucha facilidad pueden hacerlo, por tener casas propias, ya de campo, dentro y fuera de esta ciudad, en donde pueden estar escondidos los unos y salir los otros, a expresar sus fines particulares, por estar libres, con amplia facultad para sondear las calles”. Tomado de AGN, Indiferente virreinal, Correspondencia de virreyes, 1810, c. 1269, exp. 002, foja 2.


32.

fn32Por ejemplo, Anna señaló que Lizana despreciaba “a los criollos y a los mestizos” al grado de que en 1810 intentó que enjuiciaran en España a un clérigo criollo que había informado a la Junta Central que el prelado era “un enemigo declarado de los americanos”. Tomado de Anna, La caída del gobierno, p. 80. En mi muy personal opinión es posible que dicha acusación y palabras hubieran sido exageradas, ya que la denuncia contra el clérigo había sido elaborada por Isidoro Sainz de Alfaro. Por otro lado, declaraciones similares se realizaron en el informe que Pedro José de Fonte entregó al secretario de Gracia y Justicia de la Junta Central, Benito Hermida, en Sevilla, entre abril y agosto de 1810. Véase Navarro García, El arzobispo Fonte, pp. 57-58. Cabe decir que tanto Fonte como Sainz de Alfaro tampoco tuvieron una relación fácil, y ambos, de un modo u otro, lograron desprestigiar a Lizana y Beaumont.


33.

fn33Véase Mejía Chávez, “La actividad político-religiosa”, pp. 95-100. Véase también Navarro García, El arzobispo Fonte, pp. 55-56.


34.

fn34López Cancelada, Sucesos de Nueva España, p. 111. La paciencia de Lizana y Beaumont para con Cancelada llegó al límite en marzo de 1810 cuando, por orden del prelado, el editor fue expulsado a España.


35.

fn35AGN, Historia, Criminal, 1809, vol. 147, exp. 12, 1 foja.


36.

fn36En mayo de 1809, cuando Pedro Garibay aún era virrey, se tuvo noticia en Querétaro de un anónimo que fue entregado al corregidor Miguel Domínguez. En dicho papel se acusaba al comerciante Francisco Peniche, natural de la Gran Canaria, de decir frente a otros sujetos que “si viniera Bonaparte [a estas tierras] él sería el primero que se entregaría [uniría] sólo por quitarle la cabeza al arzobispo”. Véase AGN, Historia, Criminal, 1809, vol. 147, exp. 17, 1 foja.


37.

fn37Pedro Ocón llegó a México en 1803, con Sainz de Alfaro, como parte del séquito de Lizana y Beaumont. Para 1809 era secretario de la Santa Visita y prosecretario de Cámara y Gobierno del arzobispado de México.


38.

fn38AGN, Inquisición, 1809, vol. 1184, exp. 6, fs. 34-44.


39.

fn39AGN, Indiferente virreinal, Bandos, 1809, c. 5179, exp. 007, 1 foja. Véase Ibarra, “De los delitos políticos y la vida privada”, p. 102. Los encargados de la Junta eran el regente de la Audiencia, Pedro Catani, el oidor Tomás González Calderón, el alcalde Juan Collado y el fiscal de lo criminal Francisco Robledo.


40.

fn40AGN, Indiferente virreinal, Inquisición, 1809-1810, c. 4452, exp. 001. Carta del arzobispo-virrey Lizana al oidor Aguirre, f. 2. De aquí en adelante sólo aparecerá el subtítulo del documento.


41.

fn41Respuesta del oidor Aguirre al arzobispo-virrey, f. 3.


42.

fn42El registro temporal de las cartas salta de agosto a octubre.


43.

fn43Carta del arzobispo-virrey a Isidoro Sainz de Alfaro, f. 4.


44.

fn44Respuesta de Sainz de Alfaro al arzobispo-virrey, fs. 5-6. Claro está que “el pueblo” era el grupúsculo de confabuladores que la madrugada del 16 de septiembre de 1808 habían tomado por asalto el palacio virreinal. Véase Mejía Chávez, “La actividad política-religiosa”, pp. 88-91. Respecto al asunto del ejército, a mi entender, el disgusto de las tropas contra Lizana y Beaumont se debía a dos situaciones: la primera fue la remoción de Garibay, que era querido y respetado debido a su calidad de militar, y la segunda, que el arzobispo delimitó muchas de las facultades y prestaciones de las tropas. Además, también ordenó la salida de la capital de los Dragones de México. Véase Archer, El ejército en el México borbónico, p. 366.


45.

fn45“México, 30 de agosto de 1809. Audiencia de México, leg. 1472, exp. 13”, en Documenta insurgente, p. 201.


46.

fn46Tomado de “México en 1810”, t. I, p. 36.


47.

fn47Alamán, Historia de Méjico, vol. i, p. 303.


48.

fn48Carta de José Saldaña al arzobispo-virrey, fs. 7-8. Sobre las noticias de España, véase “Informe de la Junta de Sevilla”, en Hernández y Dávalos, Colección de documentos, t. II, pp. 11-14.


49.

fn49Denuncia hecha por María Ignacia Rodríguez de Velasco al arzobispo-virrey, fs. 9-10.


50.

fn50López Cancelada, Sucesos de Nueva España, p. 111; Guedea, En busca de un gobierno alterno, p. 34.


51.

fn51López Cancelada, Sucesos de Nueva España, p. 111. Los miembros de la Real Audiencia tenían sobradas razones para desconfiar de las afinidades políticas de Lizana y Beaumont. Baste recordar que durante las sesiones de julio-agosto de 1808 realizadas en el palacio virreinal, el arzobispo mostró cierta simpatía a las iniciativas expuestas por fray Melchor de Talamantes y defendidas por el oidor Jacobo de Villaurrutia. Sin embargo, las presiones del Real Acuerdo y del inquisidor Bernardo de Prado y Obejero lo obligaron a cambiar de postura. Véase Mejía Chávez, “La actividad político-religiosa”, p. 32.


52.

fn52Esta declaración me resulta demasiado contradictoria, pues Rayas era un declarado enemigo de Guillermo de Aguirre, cuya enemistad se exacerbó después de la prisión de José de Iturrigaray. De hecho, corrió el rumor de que “el antieuropeo Rayas” planeaba una conspiración contra Aguirre. Véase Guedea, En busca de un gobierno alterno, pp. 29-31; Mejía Chávez, “La actividad político-religiosa”, pp. 128-129.


53.

fn53Probablemente se trataba del oficial de la Secretaría de Cámara del virreinato, Ignacio Cubas y Aria. Véase Arnold, Directorio de burócratas, p. 74.


54.

fn54Notificación del oficial Cubas al arzobispo-virrey, fs. 11-12.


55.

fn55En efecto, el célebre escultor Manuel Tolsá supervisó la fabricación de dichos cañones que serían utilizados en caso de una invasión francesa en Nueva España. Véase Jiménez Codinach, La Gran Bretaña y la Independencia, p.136.


56.

fn56Notificación del oficial Cubas al arzobispo-virrey, fs. 11-12.


57.

fn57Para 1813 era vocal de la Junta de Sanidad Pública. Véase Arnold, Directorio de burócratas, p. 259.


58.

fn58Carta de Antonio Serrano al arzobispo-virrey, fs. 13-14.


59.

fn59Véase Carta de Gabriel Palacios al arzobispo-virrey, f. 15; Carta de Baltazar Álvarez Ordoño al arzobispo-virrey, fs. 16-17; Carta de José María Espino al arzobispo-virrey, fs. 20-22; Carta de Juan Bautista Obregón al arzobispo-virrey, f. 23; Carta de Ignacio Antonio Salamanca al arzobispo-virrey, fs. 27-28.


60.

fn60Carta de Francisco Bayeto al arzobispo-virrey, fs. 18-19. Es posible que la referencia al rumor de las tentativas de envenenamiento y las precauciones tomadas por el virrey Revillagigedo, expresada por Bayeto a Lizana y Beaumont, tuvo su origen durante la persecución de “franceses conspiradores” en Nueva España en 1794. En una de las declaraciones proporcionadas por Juan Malvert, uno de los tantos indiciados como conspiradores, éste refirió que en cierta ocasión escuchó “de público que Juan Lausel, cocinero del Excelentísimo Señor Conde de Revillagigedo, había intentado darle a su amo veneno […]”. Tomado de Rangel, Los precursores ideológicos, t. I, pp. 228-229.


61.

fn61Parte de Nicolás de Cosío al arzobispo-virrey, f. 29.


62.

fn62Probablemente oficial mayor de la Lotería. Véase Arnold, Directorio de burócratas, p. 293.


63.

fn63Chaqueta era el nombre de una pieza del vestido que se introdujo en México como parte del traje, hacia 1792. Después de haber sido depuesto del mando el virrey Iturrigaray, los revolucionarios formaron un batallón con el nombre de Voluntarios de Fernando VII, que adoptaron en su uniforme la chaqueta.” Tomado de López Cancelada, Sucesos de Nueva España, p. 65.


64.

fn64Carta de Joseph María de Villaseñor al arzobispo-virrey, fs. 30-31.


65.

fn65Aparentemente había sucedido un encuentro previo entre ambos, tal como lo señala la misiva.


66.

fn66Carta de José Saldaña al arzobispo-virrey, fs. 7-8.


67.

fn67Comisión instruida al oidor Aguirre por el arzobispo-virrey Lizana, fs. 32-33. En la misma carta, según lo señaló Lizana y Beaumont, iba adjunta una real orden emitida el 27 de junio de ese año en la que, huelga decir, se especificaba sobre la intromisión de los emisarios de Napoleón. Véase AGN, Indiferente virreinal, Reales órdenes, c. 0186, exp. 005, 1809, f. 1. Es importante señalar que, al hacer este pedimento, Lizana y Beaumont actuó conforme a la ley, pues de entre las múltiples labores de los oidores se les confiaban las misiones más difíciles e importantes: “visitas de regiones, informaciones y averiguaciones acerca de alzamientos y desórdenes, y de excesos o irregularidades de gobernadores, realización de diligencias o gestiones relacionadas con asuntos de Estado o de guerra […]”. Tomado de Miranda, Las ideas y las instituciones políticas, vol. i, pp. 119-120.


68.

fn68Notificación del arzobispo-virrey al intendente de Puebla, f. 34.


69.

fn69Carta del oidor Aguirre al arzobispo-virrey sobre la comisión asignada, f. 35.


70.

fn70Carta del arzobispo-virrey dirigida a los miembros de la Real Audiencia, f. 36.


71.

fn71Carta del arzobispo-virrey al oidor Aguirre, f. 38.


72.

fn72Carta en que los señores de la Real Audiencia se dan por enterados de la comisión y salida del oidor Aguirre, f. 50.


73.

fn73Para 1813, vocal de la Real Junta de Sanidad Pública. Véase Arnold, Directorio de burócratas, p. 248.


74.

fn74Véase Arnold, Directorio de burócratas, p. 50.


75.

fn75Denuncia de José Manuel Pliesgo al arzobispo-virrey, f. 51.


76.

fn76Carta del señor Rafael de Puga y Araujo al arzobispo-virrey, fs. 39-40.


77.

fn77Carta del señor oidor Aguirre al señor Lizana y Beaumont informándole de su llegada a Puebla, f. 42.


78.

fn78AGN, Historia, 1809, vol. 115, exp. 10, fs. 1.


79.

fn79Tomado de “Orden de la plaza de 3 de noviembre de 1809”, en Hernández y Dávalos, Colección de documentos, t. I, pp. 711-714.


80.

fn80Véase Alamán, Historia de Méjico, vol. i, pp. 308-309; Archer, El ejército en el México borbónico, pp. 368-369.


81.

fn81Carta enviada desde Puebla por el oidor Aguirre al arzobispo-virrey, fs. 53-54.


82.

fn82Respuesta del arzobispo-virrey al oidor Aguirre, fs. 56-57.


83.

fn83Anexo a la respuesta del arzobispo-virrey al oidor Aguirre, carta a Manuel Flon, fs. 56-57.


84.

fn84Carta de Manuel Flon al arzobispo-virrey, f. 58.


85.

fn85Carta del oidor Aguirre en la que notifica al arzobispo-virrey la conclusión de su comisión, f. 59.


86.

fn86Véase Carta del arzobispo-virrey al inquisidor Prado y Obejero, fs. 44-45.


87.

fn87Respuesta del inquisidor Prado y Obejero al arzobispo-virrey Lizana, f. 46.


88.

fn88Carta del inquisidor Prado y Obejero al arzobispo-virrey Lizana, f. 55. En el expediente existe una carta del inquisidor Prado y Obejero a Lizana y Beaumont fechada el 10 de noviembre en la que le decía que ya había liquidado “la facilidad de la primera denuncia y por consig[uien]te de las demás que tienen este origen”.


89.

fn89Carta del arzobispo-virrey Lizana al inquisidor Prado y Obejero pidiéndole informarle sobre las diligencias solicitadas por el oidor Aguirre, f. 60.


90.

fn90Respuesta del inquisidor Prado y Obejero al arzobispo-virrey, f. 61. Conservó la copia de una misiva fechada ese mismo 19 de diciembre y rubricada por el oidor Aguirre en que le remitía al inquisidor Prado “cierta denuncia, que puede ser la [que] dice V[uestra] S[eñoría] estar instruido […], y sin duda se trata de la hecha por ‘la Güera’ Rodríguez”. Véase Carta del oidor Aguirre al inquisidor Prado y Obejero, f. 62.


91.

fn91Carta del arzobispo-virrey al inquisidor Prado y Obejero solicitándole la conclusión de la causa reservadísima, f. 64. El navío Asia fue enviado con la comisión de recibir dinero de parte de las arcas virreinales para la manutención de la guerra en España.


92.

fn92“Muchas veces los príncipes encomiendan sus asuntos a los obispos en contra de algunos reos de alta majestad; pero porque los obispos han sido elegidos por Cristo para el ministerio de la salvación, solamente admitirán que los reyes les nombren jueces cuando se prometa bajo juramento el perdón de la pena capital, no cuando se prepare una sentencia de pena de muerte. Y si algún obispo en contra de este decreto participare en las condenaciones capitales de otros, sea reo, de la sangre derramada, delante de Cristo, y ante la Iglesia pierda su propio grado”. Tomado de Vives, Concilios visigóticos e hispanoromanos, p. 203.


93.

fn93Carta del inquisidor Prado y Obejero al arzobispo-virrey Lizana, fs. 47-48; Respuesta del arzobispo-virrey, f. 49.


94.

fn94Entre el 14 y el 19 de diciembre de 1809, la Junta de Seguridad y Buen Orden informó a Lizana y Beaumont sobre el proceso que se le seguía al eclesiástico José Aparicio, un fraile de la orden de Santo Domingo en Oaxaca. Según los informes recibidos, Aparicio formaba parte de un grupo que era favorable a los franceses, y se dedicaba al elaborar escritos “los más melancólicos” contra el arzobispo-virrey. De hecho, Aparicio fue acusado ante la Junta de Seguridad por el teniente de milicias de Tlaxiaco, Oaxaca, puesto que recibió una carta de parte de Aparicio en la que se hablaba de la movilización de ese gran partido francés en la capital de México, “cuyas primeras miras es asesinar a S[u] E[xcelencia] I[lustrísima], lo que debía verificarse en todo el pasado octubre” (justo los días en que llegaron a oídos de Lizana y Beaumont las primeras noticias sobre el atentado). Véase AGN, Infidencias, 1809, vol. 6, exp. 1, fs. 18.


95.

fn95Respuesta resolutiva del inquisidor Prado y Obejero al arzobispo-virrey, f. 66.


96.

fn96Respuesta resolutiva del inquisidor, f. 67. También AGN, Inquisición, 1808, vol. 1438, exp. 7, fs. 46-47. En esta lista aparecen señalados como consultores togados los oidores Guillermo de Aguirre, José Arias Villafane y Ciriaco González Carvajal. Estos datos pueden cotejarse en Arnold, Directorio de burócratas, pp. 6, 19 y 120 respectivamente.


97.

fn97Respuesta resolutiva del inquisidor, f. 68.


98.

fn98Valle-Arizpe, La Güera Rodríguez, p. 235.


99.

fn99Tomado de Valle-Arizpe, La Güera Rodríguez, p. 236. Valle-Arizpe especificó que quien delató a “la Güera” fue Juan Garrido (tambor mayor del Batallón Provincial de Guanajuato). Por otro lado, la única referencia a un inquisidor en la obra fue a Bernardo de Prado y Obejero. Véase Castillo Ledón, Hidalgo, vol. i, p. 176. Este autor no citó la fuente de la que sacó esa información.


100.

fn100Valle-Arizpe, La Güera Rodríguez, p. 239.


101.

fn101En el entendido de que Valle-Arizpe se tomó algunas libertades literarias a la hora de escribir esta obra, en varios momentos hizo énfasis en la veracidad de lo narrado ya que lo había tomado directamente de los documentos del Archivo General de la Nación, o recurrido a bibliografía sobre el periodo. Sin embargo, en limitadas ocasiones puso la referencia a tales documentos. ¿Consultó acaso el expediente que refiere el nudo de esta investigación?


102.

fn102Véase Castillo Ledón, Hidalgo, vol. i, p. 176. Sobre Juan Garrido no encontré otras referencias, salvo las ofrecidas por Castillo Ledón, Alamán y Herrejón Peredo. Este último lo presenta (si acaso fuese la misma persona) como José María Garrido. En los documentos sobre la vida de Hidalgo existe una acusación hecha contra los conspiradores de Querétaro y sus cómplices de otras ciudades, fechada en 10 de septiembre, pero que no fue hecha por el tal Garrido, la cual suponen es del 13 de septiembre, ni mucho menos se menciona entre los involucrados a Ignacia Rodríguez de Velasco, como lo especificaron Castillo Ledón y Valle-Arizpe. Véase “Comunicaciones de don Juan Ochoa”, en Echenique March y Cue García, Miguel Hidalgo y Costilla, vol. ii, 1800-1809, pp. 37-39; Alamán, Historia de Méjico, vol. i, p. 362; Herrejón Peredo, Hidalgo, pp. 291-297.


103.

fn103Valle-Arizpe, La Güera Rodríguez, pp. 230-231.


104.

fn104El periodo de Lizana y Beaumont como virrey fue de julio de 1809 a marzo de 1810.


105.

fn105Respuesta resolutiva del inquisidor, f. 68.


106.

fn106Carta del arzobispo-virrey al inquisidor Bernardo de Prado, agradeciéndole sus servicios, f. 79.


107.

fn107Carta del arzobispo-virrey Lizana solicitando la pronta salida de doña María Ignacia Rodríguez de Velasco, f. 80; Carta del arzobispo-virrey a doña María Ignacia Rodríguez en la que le ordena salir de la ciudad, f. 82. Véase también Valle-Arizpe, La Güera Rodríguez, p. 239.


108.

fn108Es muy probable que la respuesta a esta incógnita se encuentre en los documentos faltantes del expediente, no en balde su título señala una averiguación contra “la Güera”. ¿Qué ocurrió con esos papeles? ¿Se perdieron? ¿Fueron sustraídos? ¿Valle-Arizpe supo de ellos?


109.

fn109Carta de María Ignacia Rodríguez al arzobispo-virrey, f. 83.


110.

fn110Respuesta del arzobispo-virrey a María Ignacia Rodríguez, f. 89.


111.

fn111Véase Hernández y Dávalos, Colección de documentos, t. II, pp. 5-6. Véase también Guzmán Pérez, La conspiración de Valladolid, pp. 19-87.


112.

fn112Mejía Chávez, “La actividad político-religiosa”, pp. 67-91.


113.

fn113Véase “Declaración de D. Mariano Michelena”, en García, Documentos históricos, t. I, pp. 340-346. Véase también Guzmán Pérez, La conspiración de Valladolid, pp. 53-56.


114.

fn114Castillo Ledón, Hidalgo, vol. I, p. 134.


115.

fn115La conspiración fue descubierta el 21 de diciembre y sus miembros fueron arrestados y encarcelados, pero gracias a la benignidad de Lizana y Beaumont las penas fueron flexibles. Véase Guzmán Pérez, La conspiración de Valladolid, pp. 73-82.


116.

fn116Tomado de AGI, Estado, 39, n° 9, 1v.


117.

fn117Tomado de Castillo Ledón, Hidalgo, vol. i, p. 139. Véase también Herre jón Peredo, Hidalgo, p. 272. Allende había escuchado en distintos lugares, y por boca de varias personas, las noticias sobre lo que acaecía en España y la posibilidad de que en Nueva España los españoles entregaran el gobierno a los franceses; también escuchó charlas sobre las tentativas de independizar aquel territorio de España. Véase Rivas de la Chica, Ignacio Allende, pp. 104-109.


118.

fn118Proclama del arzobispo-vir(r)ey de Nueva España a los fieles vasallos, fs. 11-12. Muy a pesar de la perspectiva de Lizana, la autoridad política de Nueva España se encontraba, en palabras de Ibarra, en un inevitable deterioro pues “el drama dinástico en España, la debilidad del poder virreinal en la sucesión de los tres virreyes que ocuparon el cargo en el bienio 1808-1810, contribuyeron al desprestigio y la pérdida de autoridad”. Tomado de Ibarra, “La crisis de 1808 en la Iglesia novohispana”, pp. 323-341


119.

fn119AGN, Indiferente virreinal, Correspondencia de virreyes, c. 0683, exp. 049, 1 foja.


120.

fn120Siguiendo lo señalado por Torres Puga, en relación con la conspiración de 1794, “vistos en conjunto, todos estos indicios daban la impresión de conformar una gran conspiración […]. Vistos por separado, no eran sino opiniones críticas, proposiciones disidentes o distintas al discurso oficial, ocurrencias maliciosas”. Tomado de Torres Puga, Opinión pública y censura, p. 430.


121.

fn121Tomado de Archer, El ejército en el México borbónico, p. 371.


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Historia Mexicana, El Colegio de México, Vol. 69, Núm. 1 (273) es una publicación trimestral electrónica editada por El Colegio de México, A.C. Carretera Picacho Ajusco, Núm. 20, Ampliación Fuentes del Pedregal, Delegación Tlalpan, C.P. 14110, Ciudad de México, México. Tel. (55) 54 49 30 67. Correo electrónico: histomex@colmex.mx. Editor responsable: Pablo Yankelevich. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo núm.: 04 – 2016 – 042513161800 – 203; ISSN (impreso) 0185-0172; ISSN (electrónico) 2448-6531, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Responsable de la última actualización de este número: Beatriz Morán Gortari, fecha de la última modificación: 2 de julio de 2019. El contenido de los artículos publicados es responsabilidad de cada autor y no representa el punto de vista de Historia Mexicana. Se autoriza cualquier reproducción parcial o total de los contenidos o imágenes de la publicación, incluido el almacenamiento electrónico, siempre y cuando sea para usos estrictamente académicos y sin fines de lucro, citando la fuente sin alteración del contenido y otorgando los créditos autorales.

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